* A través de seis asambleas, el Congreso Mexiquense consultó a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos sobre la reforma que plantea reconocerlos como sujetos de derecho público……
Por Martha Romero
Con la participación de representantes de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas, se realizó la Asamblea General en el Congreso Mexiquense como parte del proceso informativo y de consulta abierta de la reforma a la Constitución Política local que propone reconocerlas como sujetos de derecho público, mismo que será sometido a consideración del Pleno Legislativo.
El diputado Luis Valdeña Bastida, presidente de la comisión de Desarrollo y Bienestar Social indicó que la consulta se llevó a cabo de manera culturalmente adecuada, de buena fe y con carácter participativo, en apego a los estándares constitucionales y convencionales, así como a los criterios previamente emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Agregó que el 25 de abril se llevaron a cabo asambleas regionales en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, posteriormente, el 29 de abril se realizó una asamblea general en Toluca, en la que participaron representantes de los pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, provenientes de 48 municipios, quienes también presentaron propuestas en las materias correspondientes.
Valdeña Bastida señaló que la aprobación permitirá construir un marco jurídico justo que reconozca en los hechos y no solo en el discurso su dignidad, derechos y autonomía, reforma que no nació de la improvisación ni de la lógica de escritorio, sino se construyó desde el territorio, escuchando directamente a quienes históricamente han sido invisibilizados en la toma de decisiones.
Apuntó que contaron con la participación de diputados de los diferentes grupos parlamentarios, decreto que reúne las voces, exigencias legítimas y propuestas concretas de las personas interesadas, como parte de un proceso que tiene como objeto que las decisiones públicas se construyan con quienes históricamente han sido excluidos y no a pesar de ellos.
Los participantes opinaron, entre el contenido principal del decreto, sobre el reconocimiento a su autonomía; el derecho a poder decidir cómo organizarse y gobernarse internamente; la aplicación de sus propias normas para resolver conflictos respetando la Constitución; la preservación de su cultura, lenguas, tradiciones y conocimientos; el derecho a proteger las tierras; acceder a formas de propiedad reconocidas por la ley; derecho a la justicia con respeto a su contexto y a ser consultados cuando una decisión afecte a su pueblo o comunidad.
Asimismo, abordaron las obligaciones del Estado, entre las que destacan impulsar el desarrollo económico de las comunidades respetando sus actividades tradicionales; asignar recursos públicos que puedan administrar directamente; proteger su cultura y conocimientos; y garantizar una educación intercultural y en sus lenguas. También se planteó mejorar el acceso a la salud, alimentación y vivienda con pertinencia cultural; ampliar el acceso a servicios básicos; promover la participación de las mujeres; fortalecer las comunicaciones; y atender a las personas indígenas migrantes.
En cuanto a los derechos de los pueblos afromexicanos, se subrayó la necesidad de reconocer su derecho a preservar y proteger su identidad cultural y forma de vida, así como sus aportaciones históricas y sociales, además de garantizar su inclusión en los censos y registros oficiales.
