Los problemas legales de Kate del Castillo con el Estado mexicano comenzaron después de uno de los encuentros más mediáticos de su carrera: la reunión que sostuvo con Joaquín El Chapo Guzmán en 2015, cuando buscaba concretar una película sobre la vida del narcotraficante. Más de una década después, el caso continúa en los tribunales y ahora la actriz enfrenta un nuevo episodio judicial.
El 14 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión contra el amparo que se concedió a Kate y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., para que ambas sean reconocidas formalmente como víctimas en una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios públicos.
La impugnación busca que un Tribunal Colegiado revise la sentencia que ordenó a la Fiscalía reconocerles esa calidad y permitirles consultar los registros de la carpeta de investigación.
La información fue publicada inicialmente por Semanario ZETA y posteriormente retomada por Infobae. Para entender el conflicto hay que regresar a 2012, cuando la protagonista de La Reina del Sur publicó en redes sociales un mensaje dirigido al entonces líder del Cártel de Sinaloa. En él, la actriz cuestionó a las autoridades y le sugirió al narcotraficante que comenzara a “traficar con amor”.
A partir de ese mensaje se estableció una comunicación entre la actriz y personas cercanas a Guzmán Loera. El contacto dio pie a la intención de crear un proyecto cinematográfico sobre la vida del capo, que se encontraba prófugo después de escapar del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015.
El 2 de octubre de ese año, Kate se reunió con Guzmán en una zona de la sierra de Sinaloa. En el encuentro también estuvo el actor estadounidense Sean Penn, quien posteriormente publicó un reportaje sobre la reunión en la revista Rolling Stone .
La intención era platicar sobre el proyecto biográfico y las posibilidades de llevar la historia del narcotraficante al cine. La reunión atrajo la atención de las autoridades mexicanas.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó a la actriz por posibles vínculos financieros con Guzmán Loera, incluidos presuntos delitos de lavado de dinero y encubrimiento relacionados con su proyecto empresarial de tequila.
Después de la recaptura de El Chapo, el 8 de enero de 2016, se difundieron conversaciones privadas y detalles de los encuentros entre ambos. Kate denunció que la exposición de esa información había afectado su privacidad, su reputación y sus derechos.
Una investigación periodística, publicada en 2022 a partir de documentos de la indagatoria, señaló que las pesquisas de la PGR se prolongaron durante 17 meses e incluyeron intervenciones telefónicas y revisiones fiscales.
Según esa reconstrucción, las autoridades no encontraron pruebas suficientes para vincular a la actriz con el Cártel de Sinaloa ni para demostrar que dinero del narcotraficante hubiera financiado su negocio de tequila.
Tras las investigaciones, Kate inició procedimientos legales para denunciar presuntas irregularidades de las autoridades y reclamar una reparación por los daños que, según su defensa, sufrió durante el proceso.
En 2018, la actriz presentó una demanda contra el Estado mexicano por 60 millones de dólares, al argumentar que había sido víctima de persecución y de actuaciones indebidas relacionadas con el caso.
La reclamación formó parte de una serie de acciones legales que buscaban responsabilizar a funcionarios por el manejo de las investigaciones y la difusión de información privada.
El conflicto más reciente se relaciona con una carpeta abierta en 2025, en la que se investigan presuntos delitos contra la administración de justicia atribuidos a servidores y exservidores públicos que participaron en indagatorias anteriores relacionadas con la actriz.
El 1 de abril de 2025, el representante legal de Kate y de su empresa presentó una denuncia ante la FGR. El 12 de mayo solicitó que ambas fueran reconocidas como víctimas dentro de la nueva investigación, pero la petición fue rechazada meses después.
El 29 de octubre de 2025, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos determinó que Kate y su productora tenían únicamente la calidad de denunciantes, pues, a su juicio, no habían acreditado una afectación directa que justificara reconocerlas como víctimas. La decisión también les impidió acceder a los registros de la carpeta y recibir notificaciones sobre las actuaciones procesales. Ante esa negativa, la defensa amplió su demanda de amparo para combatir formalmente el acuerdo ministerial.
El argumento de la Fiscalía fue que presentar una denuncia no bastaba para obtener automáticamente la condición de víctima dentro de una investigación. La defensa, por su parte, sostuvo que los hechos denunciados estaban directamente relacionados con los derechos e intereses de la actriz y de su empresa.
El juez Julio César Molina García, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió a favor de las promoventes. Consideró que el criterio de la Fiscalía era restrictivo y que no podía exigirse demostrar previamente el daño para reconocerles esa calidad, cuando los hechos denunciados guardaban relación con su esfera jurídica.
La sentencia de amparo ordenó dejar sin efectos el acuerdo ministerial del 29 de octubre de 2025 y emitir una nueva resolución que reconozca formalmente a Kate del Castillo y a Kate del Castillo Productions, Inc. como víctimas dentro de la investigación.
Ese reconocimiento les permitiría consultar los registros de la carpeta y conocer las actuaciones de las autoridades, además de participar en el procedimiento conforme a los derechos que les corresponden en esa calidad.
Sin embargo, la FGR interpuso un recurso de revisión el 14 de octubre de 2026 para que un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal analice la sentencia. La Fiscalía busca revertir la resolución, por lo que el caso deberá pasar por una instancia judicial superior.
La impugnación no significa que el amparo haya sido revocado. El Tribunal Colegiado deberá revisar los argumentos de las partes y decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia que favoreció a la actriz y a su empresa.
