El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, desmintió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado una cuenta bancaria a su nombre en HSBC por orden de autoridades de Estados Unidos.
El legislador calificó la versión como “totalmente falsa” y aseguró que nunca ha tenido cuentas en esa institución.
A través de redes sociales, el morenista afirmó que la información difundida en los últimos días carece de veracidad.
Señaló que, debido a la gravedad del tema, decidió aclarar públicamente los señalamientos.
“No tengo cuentas en HSBC”, afirma legislador
Monreal fue categórico al asegurar que no posee ni ha poseído cuentas en ese banco. También negó haber enfrentado algún tipo de bloqueo financiero por parte de la UIF.
La versión desmentida surgió en redes sociales, donde se señalaba un supuesto congelamiento de cuentas por orden del Departamento de Justicia estadounidense.
El legislador indicó que este tipo de afirmaciones falsas han sido recurrentes durante su carrera política.
El diputado afirmó que siempre ha actuado con legalidad y honestidad en el ejercicio público.
Advirtió que la difusión de información falsa busca generar impacto político y electoral.
La polémica ocurre en un contexto marcado por investigaciones en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.
Entre los casos recientes destaca el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto a otros exfuncionarios.
La polémica en torno a Ricardo Monreal se desarrolla en medio de un “terremoto político” desatado a finales de abril de 2026, cuando autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos formales contra Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios.
La acusación, radicada en una corte federal de Nueva York, señala a los implicados de colaborar estrechamente con el Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y protección institucional.
De acuerdo con el expediente judicial, la red de corrupción presuntamente liderada por Rocha Moya permitía la filtración de operativos y la liberación de detenidos, garantizando la operación del crimen organizado sin consecuencias legales.
Este caso ha sacudido las estructuras de poder en México, evidenciando una presunta infiltración del narcotráfico en las altas esferas políticas y generando un clima de desconfianza que ha propiciado la propagación de rumores sobre otros funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación.
