* Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección analizaron el documento para su correcta ejecución en el campo de trabajo……
El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, hizo público el Protocolo de Actuación para la Protec ción de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, un instrumento administrativo de observancia obligatoria para las dependencias del Ayuntamiento y que establece lineamientos específicos para atender situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de quienes ejercen la libertad de expresión.
Con esta medida, la administración municipal busca establecer reglas claras para la prevención, atención y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, particularmente durante el desarrollo de actividades públicas, manifestaciones, protestas y otros acontecimientos en los que puedan presentarse situaciones de riesgo.
Ricardo Moreno ha señalado la importancia de generar condiciones que permitan a los periodistas realizar su trabajo con libertad y seguridad. Bajo esta perspectiva, el protocolo establece que las autoridades municipales deberán actuar con coordinación, debida diligencia y bajo el principio de máxima protección cuando exista una situación que pueda afectar la libertad de expresión o la integridad física de quienes desempeñan esta labor.
El documento toma como referencia las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes estatales vigentes. Su aplicación contempla principios como legalidad, dignidad humana, igualdad, no discriminación, confidencialidad y no revictimización.
Uno de los aspectos centrales de esta normativa es que establece criterios para orientar la actuación de los cuerpos de seguridad municipal frente a periodistas y defensores durante intervenciones en espacios públicos. Para ello, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca analizaron previamente los contenidos y lineamientos del protocolo, con el propósito de favorecer su correcta implementación.
El protocolo representa también un respaldo institucional al trabajo periodístico, al reconocer la importancia de garantizar que quienes informan a la sociedad puedan desarrollar su labor sin obstáculos ni riesgos derivados del ejercicio de su profesión. Su aplicación buscará fortalecer la actuación de las autoridades municipales y establecer mecanismos de protección ante posibles situaciones que comprometan la seguridad o los derechos de periodistas y personas defensoras.
