Un juez con sede en Toluca condenó a 78 años y 9 meses de prisión a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz por su participación en el secuestro y muerte de Fernandito, un niño de 5 años, ocurrido en el municipio de La Paz, Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante la autoridad judicial la responsabilidad de los tres integrantes de una misma familia en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados con la desaparición de personas. Además de la pena de prisión, cada sentenciado deberá pagar una multa de un millón 258 mil 682 pesos.
La autoridad también estableció una reparación por daño moral de 618 mil 712 pesos y otra por daño material de 39 mil pesos, además de suspender sus derechos políticos y civiles.
De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, los ahora sentenciados sostenían que la madre de Fernandito tenía con ellos una deuda de mil pesos.
El 28 de julio de 2025, los tres privaron de la libertad al niño con la intención de presionar a su madre para que pagara el dinero que, según ellos, les debía.
Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la mujer acudió en repetidas ocasiones al domicilio de los agresores, ubicado en La Paz, para intentar recuperar a su hijo. Sin embargo, Lilia, Ana Lilia y Carlos mantuvieron al menor oculto y le negaron el acceso.
La madre presentó finalmente una denuncia formal el 4 de agosto de 2025. Ese mismo día, un operativo ingresó al domicilio de los sospechosos y localizó al niño sin vida.
Además del proceso contra los tres sentenciados, la FGJEM abrió una investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para determinar la posible responsabilidad de servidores públicos por abuso de autoridad.
La indagatoria surgió después de que la madre de Fernandito acudiera al Centro de Justicia de La Paz el 3 de agosto para informar que una conocida tenía a su hijo bajo su cuidado y se negaba a devolvérselo.
Según el expediente, un prestador de servicio social recibió inicialmente la queja y la comunicó al agente del Ministerio Público en turno.
El funcionario habría respondido que era necesario esperar a que llegara “la licenciada Brenda”, pues él ya se retiraba. También le indicó que podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género si no quería esperar.
Ante esa respuesta, la mujer se retiró sin presentar la denuncia formal ese día.
Al día siguiente, 4 de agosto, regresó a las instalaciones y presentó la denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer en La Paz. La diferencia de un día entre el primer intento y la denuncia formal quedó documentada dentro de la investigación por posible abuso de autoridad.
