La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra tres ex funcionarios de la institución en el Estado de México, luego de que un juez de control los encontrara culpables del delito de extorsión agravada en perjuicio de comerciantes de la entidad.
De acuerdo con la información oficial, los sentenciados fueron identificados como Edwin “N”, Mauricio “N” y Gonzalo “N”, quienes abusaron de sus cargos como servidores públicos para cometer actos de extorsión en contra de comerciantes establecidos en el mercado conocido como “El Piojo”, ubicado en la comunidad de Santa María Totoltepec.
La investigación fue realizada por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), instancia que acreditó ante la autoridad judicial la participación de los tres ex funcionarios en actividades ilícitas relacionadas con amenazas y presiones indebidas contra comerciantes.
Tras valorar las pruebas presentadas durante el proceso, el juez dictó condenas de prisión y diversas sanciones administrativas y civiles para los implicados.
En el caso de Edwin “N” y Mauricio “N”, ambos fueron sentenciados a cuatro años y tres meses de prisión, además del pago de una multa reparatoria, la destitución definitiva de sus cargos, inhabilitación por cinco años para ejercer funciones públicas y suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Por su parte, Gonzalo “N” recibió una condena de cuatro años y dos meses de cárcel, además de una multa reparatoria y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La FGR destacó que este caso representa una acción relevante en el combate a actos de corrupción y abuso de autoridad cometidos por funcionarios públicos, particularmente cuando utilizan las facultades de sus cargos para obtener beneficios ilegales o afectar a ciudadanos.
Asimismo, la institución reiteró que no habrá tolerancia hacia conductas delictivas cometidas por integrantes de la propia Fiscalía y aseguró que se continuará actuando contra cualquier servidor público que incurra en actividades ilícitas o abuse de sus funciones.
El caso también vuelve a poner atención sobre los actos de corrupción y extorsión que afectan a comerciantes y pequeños negocios en distintas regiones del Estado de México, donde locatarios y vendedores frecuentemente denuncian presiones, cobros ilegales y amenazas por parte de grupos criminales o autoridades corruptas.
Con esta resolución judicial, las autoridades federales señalaron que buscan enviar un mensaje de que ningún funcionario está por encima de la ley, incluso cuando pertenece a las propias instituciones encargadas de procurar justicia.
La sentencia fue emitida por un juez de control tras concluir el proceso penal derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos en el Estado de México.
