El Gobierno federal ha identificado una contradicción constitucional en la reforma que busca eliminar las pensiones doradas de exservidores públicos, lo que ha llevado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Luisa María Alcalde, a preparar una propuesta de ajuste que será enviada al Congreso.
Mientras tanto, se ha determinado aplicar el criterio que más protege el derecho de los beneficiarios, fijando como tope el salario neto mensual de la Presidenta, actualmente en 134,290 pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reforma original contenía dos criterios incompatibles: uno que establecía como límite el salario de la titular del Ejecutivo y otro que lo fijaba en la mitad de ese monto.
Esta ambigüedad generó incertidumbre sobre el monto máximo permitido para las pensiones de exfuncionarios en organismos descentralizados como la CFE, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nafinsa y Banobras.
De acuerdo con la información oficial, la contradicción surgió porque la Constitución quedó redactada con dos conceptos distintos para el tope de las pensiones: uno que fijaba el límite en el salario de la Presidenta y otro que lo establecía en la mitad de ese monto.
Esta situación fue reconocida tanto por la presidenta Sheinbaum como por Luisa María Alcalde, quien señaló que “había que asumir la postura que más protegiera a la persona” mientras se resuelve la ambigüedad.
La interpretación jurídica provisional fue emitida mediante un oficio de la Consejería Jurídica el 9 de junio de 2026, instruyendo a las dependencias a aplicar el criterio de mayor protección.
Sin embargo, el Gobierno federal considera necesario que el Congreso corrija la redacción para evitar futuras controversias legales y garantizar la claridad en la aplicación de la norma.
La reforma impacta principalmente a exfuncionarios de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera (Nafinsa), Banobras y otros entes descentralizados.
Según datos oficiales, tras la eliminación de las pensiones consideradas “doradas”, el Gobierno federal reportó un ahorro estimado de 5,000 millones de pesos.
Uno de los casos más notorios es el de Luz y Fuerza del Centro, donde se identificó que 3,504 extrabajadores recibían una jubilación superior al sueldo neto mensual de la Presidenta. Además, se han señalado pensiones de exfuncionarios que oscilan entre 150,000 y hasta 412,000 pesos mensuales, montos que ahora deberán ajustarse al nuevo tope.
El Banco de México (Banxico) fue excluido de la reforma debido a su régimen de autonomía constitucional y a que cuenta con reglas específicas para la determinación de salarios y pensiones.
No obstante, la presidenta Sheinbaum calificó de “inmorales” algunas pensiones de exfuncionarios del banco central y llamó a la institución a realizar una revisión interna de estos casos.
Sheinbaum mencionó explícitamente a figuras como Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens y Miguel Mancera Aguayo al referirse a las jubilaciones millonarias de exgobernadores y subgobernadores de Banxico.
La mandataria aclaró que la intención no es afectar las pensiones de los trabajadores en general, sino revisar los casos de altos funcionarios que reciben montos muy por encima del promedio nacional.
