Por Mireya Álvarez
La Asamblea del Colegio de Notarios del Estado de México cerró filas en torno a su actual presidente Víctor Humberto Benítez González, al no prever su destitución pese a los señalamientos públicos sobre presuntos malos manejos, la postura institucional apunta a contener la controversia en el ámbito interno mientras se desarrollan revisiones que, hasta ahora, no han derivado en decisiones de fondo.
La sesión anual realizada el pasado 26 de marzo evidenció más tensiones que acuerdos, convocada para presentar el informe de actividades 2025 y definir cuotas para 2026, la reunión se extendió por cerca de siete horas sin lograr desahogar todos los puntos previstos, lo que obligó a suspenderla en medio de un ambiente que reflejó diferencias y pendientes acumulados dentro del gremio.
Sin fecha definida para su reanudación, la eventual convocatoria a una sesión extraordinaria queda en manos del Consejo Directivo y del Comité de Ética y Valores, instancia integrada por ex presidentes que deberá evaluar tanto la agenda inconclusa como las condiciones políticas internas para retomar la discusión, una señal clara de que el conflicto no está resuelto sino contenido.
Entre los acuerdos preliminares destaca la creación de una comisión para revisar el reglamento interno, medida que busca proyectar una ruta de orden institucional, aunque también deja ver rezagos estructurales que el propio gremio reconoce, la ausencia de un manual de procedimientos y de un manual de organización confirma vacíos administrativos que no son menores para una institución encargada de dar certeza jurídica.
La actual dirigencia ha señalado que dichos instrumentos fueron planteados desde el inicio de su gestión, sin embargo, su inexistencia a estas alturas abre cuestionamientos sobre la eficacia interna y la capacidad de ejecución, más aún en un contexto donde los señalamientos externos han puesto bajo lupa la conducción del colegio.
En paralelo, el discurso de modernización y transparencia intenta ganar terreno, el gremio ha manifestado su intención de alinearse con políticas impulsadas por el gobierno estatal, lo que incluye facilitar el acceso a procesos internos y generar mecanismos que permitan observar la toma de decisiones administrativas, una apuesta que, en los hechos, aún deberá traducirse en acciones verificables.
Para ello ya fue integrada otra comisión que tendrá la responsabilidad de revisar que estas propuestas se apeguen a los lineamientos del propio colegio y al rumbo institucional que se busca proyectar, sin embargo, el reto no radica solo en diseñar nuevas reglas, sino en garantizar su cumplimiento en un entorno marcado por cuestionamientos.
El escenario actual deja ver una constante, la prioridad parece centrarse en sostener la estabilidad interna antes que en esclarecer de manera pública los señalamientos, lo que alimenta la percepción de opacidad, en un momento donde la exigencia social apunta justamente en sentido contrario.
Así, el Colegio de Notarios del Estado de México transita entre ajustes administrativos y tensiones internas, sin una definición clara sobre el alcance de las revisiones ni sobre las posibles consecuencias, mientras la figura de su presidente permanece intacta, pero bajo una sombra que aún no se disipa.
