Ricardo Monreal explicó cuál es el alcance y las implicaciones de someter a juicio político a Rubén Rocha Moya, como solicitaron figuras de oposición.
Mencionó que, desde el Poder Legislativo, el juicio político tiene el objetivo de destituir del cargo a un funcionario. Sin embargo, en este caso, Rocha Moya solicitó licencia y no se encuentra en funciones, por lo que no podría ser removido del cargo por los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
“El objetivo y la naturaleza jurídica del juicio es destituir al funcionario. En este caso, no está en funciones el funcionario, pidió licencia, ya no ejerce el cargo y lo único que tendría por motivación el juicio político es que el Senado lo inhabilite y diga: ‘Tendrás un año, 10 años, 20 años, 100 años para que no ejerzas cargo público’. Ese es el único alcance que tendría el juicio político”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.
Rechazó que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sea la responsable de decidir si procede o no el procedimiento de juicio político contra cualquier funcionario. Mencionó que el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos describe paso por paso el procedimiento para determinar la viabilidad.
