Por Mary González
Las máquinas tragamonedas instaladas en pequeños comercios del Estado de México dejaron de ser vistas únicamente como una forma de entretenimiento clandestino. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apuntan a que estos dispositivos forman parte de un esquema mucho más amplio que combina extorsión, lavado de recursos, control territorial y reclutamiento de personas para actividades delictivas.
De acuerdo con información derivada de las investigaciones que sustentaron la Operación Dos de Bastos, las principales organizaciones criminales que presuntamente operan esta red son la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque en determinadas regiones también participan grupos delictivos de alcance local.
Un modelo criminal que inicia con la extorsión
Las indagatorias revelan que el primer objetivo de las organizaciones no son los jugadores, sino los pequeños comerciantes. Dueños de tiendas de abarrotes, papelerías, farmacias y otros establecimientos son presionados para permitir la instalación de tragamonedas dentro de sus negocios.
Según las autoridades, quienes rechazan la propuesta enfrentan amenazas, intimidaciones e incluso el riesgo de sufrir agresiones o ver afectada la continuidad de sus actividades comerciales. En contraste, quienes aceptan reciben una comisión por las ganancias obtenidas, lo que genera la percepción de que participan en una actividad aparentemente rentable y sin consecuencias legales.
Sin embargo, detrás de esos ingresos existe una estructura que, de acuerdo con las investigaciones, sirve para alimentar las finanzas de organizaciones criminales.
Más que apuestas: una herramienta de control social
Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es que las tragamonedas no sólo generan ingresos ilegales. También permiten identificar a personas con problemas de ludopatía o con graves dificultades económicas.
Las investigaciones indican que algunos operadores permiten a ciertos jugadores seguir apostando mediante créditos o financiamiento informal. Conforme aumentan las pérdidas, las deudas se convierten en un mecanismo de presión para obligar a las víctimas a realizar diversas actividades ilícitas.
Entre las conductas documentadas se encuentran labores de vigilancia para grupos criminales, distribución de droga al menudeo y participación en robos, aprovechando la vulnerabilidad económica de quienes quedaron atrapados por las deudas.
Este mecanismo representa una evolución en las formas de reclutamiento criminal, ya que sustituye la captación directa por procesos de dependencia económica y coerción.
El vínculo con los préstamos “gota a gota”
Las pesquisas también establecen una conexión entre las pérdidas generadas por las apuestas y los llamados préstamos “gota a gota”.
Cuando los jugadores agotan sus recursos personales o familiares, algunos terminan recurriendo a este tipo de financiamiento informal, caracterizado por intereses elevados y métodos violentos de cobranza. Para las autoridades, esta dinámica amplía el control que las organizaciones delictivas ejercen sobre las víctimas, quienes quedan sujetas a múltiples formas de presión económica.
La expansión del negocio clandestino
Otro aspecto identificado durante las investigaciones es la transformación del modelo de operación.
Mientras que anteriormente las tragamonedas se encontraban principalmente en pequeños establecimientos, ahora también se han detectado locales dedicados exclusivamente a este tipo de juegos e incluso espacios dentro de plazas comerciales, lo que incrementa su visibilidad y favorece la normalización de una actividad que permanece fuera del marco legal.
Esta expansión evidencia la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y la dificultad que enfrentan las autoridades para contener un fenómeno que combina extorsión, economía ilegal y explotación de personas en situación de vulnerabilidad.
Como parte de este operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, realizado entre el 11 y el 20 de julio en 84 municipios del Estado de México, fueron aseguradas 3 mil 374 máquinas tragamonedas.
El valor estimado de los equipos supera los 50.6 millones de pesos. Además, durante las inspecciones fueron retiradas cerca de 9.7 toneladas de monedas, equivalentes aproximadamente a 9 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, presuntamente alimentaban las estructuras financieras de grupos delictivos.
Un reto que va más allá del aseguramiento de máquinas
Especialistas en seguridad han señalado que el decomiso de tragamonedas representa únicamente una parte del problema. El verdadero desafío consiste en desarticular las redes de extorsión, identificar a los responsables del financiamiento y evitar que estos esquemas vuelvan a instalarse en las comunidades.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones y la posible responsabilidad de los grupos criminales señalados. Mientras tanto, las autoridades sostienen que el objetivo es impedir que las tragamonedas sigan funcionando como una fuente de ingresos ilícitos y como un mecanismo para ampliar el control social y territorial de las organizaciones delictivas.
No obstante, el fenómeno también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la protección a pequeños comerciantes, quienes con frecuencia enfrentan amenazas sin contar con mecanismos efectivos de denuncia o de seguridad. Sin atender esas condiciones de vulnerabilidad, advierten analistas, el retiro de las máquinas difícilmente será suficiente para frenar un modelo criminal que ha encontrado en los negocios de barrio una puerta de entrada para consolidar su presencia.
