A un mes de su captura en una zona exclusiva al sur de Monterrey, José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, señalado por el Gobierno federal como presunto líder de una red de huachicoleo fiscal vinculada al Cártel del Noreste, abandonó las celdas penitenciarias ordinarias. Sin embargo, no obtuvo su libertad: un juez federal ordenó que su reclusión continúe dentro del Hospital Universitario (HU).
Fuentes federales confirmaron que la medida responde a una suspensión concedida dentro del juicio de amparo indirecto 476/2026, promovido por la defensa del imputado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, a cargo del juzgador Mario Melo Cardoso.
Las autoridades judiciales aclararon que “El Titán” no fue absuelto ni perdonado. El acusado —a quien el Gobierno federal señala como presunto líder en el contrabando de combustible (huachicoleo) para el Cártel del Noreste— sigue bajo un proceso penal grave. Técnicamente, la resolución del juez Melo Cardoso obliga a las autoridades penitenciarias a modificar las condiciones de ejecución de la medida cautelar, trasladando temporalmente el resguardo del procesado al área de seguridad del nosocomio regiomontano.
Legalmente, este tipo de determinaciones constitucionales se otorgan cuando los defensores fundamentan un riesgo inminente a la salud o la falta de infraestructura médica especializada dentro del centro de reinserción social para atender padecimientos específicos del interno, privilegiando las garantías individuales consagradas en el artículo 4° Constitucional.
“El Titán”, un ex-físicoculturista originario de Tamaulipas que operaba desde el municipio de San Pedro Garza García, fue detenido a inicios de mayo de 2026 durante un operativo federal en el fraccionamiento Portal del Huajuco. El aparato de inteligencia federal lo ubica como una pieza clave en las operaciones de contrabando e introducción ilícita de hidrocarburos en la región noreste del país.
Hasta el momento, ni la dirección del Hospital Universitario ni las corporaciones federales han detallado las condiciones médicas que motivaron el traslado, el cual se ejecutó bajo un estricto despliegue de seguridad para garantizar que el imputado permanezca a disposición de las autoridades judiciales mientras se resuelve el fondo de su juicio de amparo.
