* Titulares del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial firmaron el pronunciamiento “Cero Tolerancia a la Corrupción y Cohecho”……
Los titulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ) firmaron el pronunciamiento “Cero Tolerancia a la Corrup ción y Cohecho”, con el objetivo de fortalecer la integridad institucional, prevenir irregularidades y recuperar la confianza ciudadana.
La firma fue encabezada por el magistrado Héctor Macedo García, presidente del TSJEM, quien destacó que la lealtad institucional no debe confundirse con el silencio ante las malas prácticas. Afirmó que cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa o delito deberá investigarse conforme a la ley, con respeto a los derechos humanos y al debido proceso
El pronunciamiento contempla irregularidades como el incumplimiento de obligaciones, las demoras injustificadas en procedimientos, el maltrato al personal, el uso indebido de recursos públicos y los abusos de autoridad.
Macedo García subrayó que los cargos no otorgan privilegios ni protegen frente a las responsabilidades. También advirtió que las investigaciones deben sustentarse en hechos concretos para evitar que acusaciones falsas se utilicen como mecanismo de presión contra juzgadores.
Por su parte, Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, destacó la importancia de realizar investigaciones oportunas y ofrecer respuestas a quienes presentan denuncias.
Informó que los lineamientos aprobados por el Pleno establecen un plazo de seis meses para desarrollar estos procedimientos, con la intención de mejorar los resultados y mantener informadas a las personas denunciantes.
En tanto, Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, señaló que el compromiso debe traducirse en acciones concretas, medibles y contundentes que demuestren resultados ante la ciudadanía.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos anticorrupción de los ámbitos nacional y estatal, así como del plan institucional del Poder Judicial mexiquense para el periodo 2025-2027, con el propósito de consolidar una actuación transparente y responsable.
