* Habitantes denuncian malos olores, afectaciones a la salud, contaminación del agua, falta de drenaje y servicios deficientes, mientras autoridades responden con propuestas, pero sin fechas concretas. Advierten que bloquearán nuevamente accesos al municipio si no existen soluciones de fondo……
Por Mireya Álvarez
La paciencia principalmente de los que habitan en los diversos fraccionamientos de Calimaya, llegó al límite, es por ello, que vecinos protagonizaron una protesta y una tensa reunión con autoridades municipales para exigir una solución inmediata al deterioro ambiental que, aseguran, afecta directamente su salud, sus viviendas y su patrimonio.
El reclamo central es contundente, no quieren más promesas, mesas de trabajo ni fechas que posteriormente no se cumplen; exigen acciones verificables para terminar con el tiradero clandestino, atender la contaminación de una laguna, resolver los problemas de drenaje y frenar el deterioro de la infraestructura urbana.
Durante la manifestación, los inconformes lanzaron consignas como “¡Queremos solución!” y “¡No al Tiradero!”, “¡Calimaya apesta!”, mientras cuestionaban a los funcionarios por la falta de resultados. La molestia aumentó cuando las autoridades explicaron que se encuentran gestionando distintas alternativas, pero reconocieron que todavía no pueden establecer fechas precisas para ejecutar varias de las acciones.
Y es que cabe destacar que de acuerdo a los inconformes, ni el Ayuntamiento a cargo del alcalde Omar Sánchez, ni el Gobierno del Estado de México han querido escucharlos, por ende sostienen que la operación sin control ha derivado en una crisis sanitaria por la emanación de nauseabundos olores, que resultan insoportables durante todo el día.
Uno de los reclamos que sintetizó el enojo vecinal fue directo. “No necesitamos empatía, no necesitamos comprensión, necesitamos solución”, enfatizaron los inconformes, además, los habitantes aseguraron que llevan tiempo denunciando las condiciones ambientales de la zona y que las respuestas oficiales se han quedado en promesas.
Aunado a ello, señalaron que no existe certeza sobre cuándo será limpiado el tiradero ni cuándo se resolverá de manera definitiva el problema de la laguna.
La inconformidad tiene además un componente sanitario. Vecinos afirmaron que los malos olores y la contaminación han impactado particularmente a los menores de edad. Una madre relató que sus hijos presentan alergias, inflamación ocular y problemas en la piel, además de que el olor proveniente de la zona contaminada les impide incluso disfrutar de espacios públicos.
En este mismo sentido, la afectada expuso el impacto económico que representa para las familias enfrentar estos padecimientos, ya que señaló que las consultas pediátricas alcanzan alrededor de 800 pesos por menor y que determinados medicamentos tienen costos elevados.
Para los habitantes, resulta inadmisible que tengan que destinar recursos familiares a enfrentar consecuencias que, consideran, están relacionadas con un problema ambiental que las autoridades tienen la obligación de atender.
Como parte de las propuestas oficiales se planteó realizar trabajos de plantación para disminuir la filtración de agua pluvial hacia el socavón y posteriormente bombear el agua acumulada en la laguna para avanzar en su limpieza.
También se habló de establecer un humedal artificial que permita contribuir al saneamiento del cuerpo de agua. Sin embargo, las propias autoridades reconocieron que el proyecto todavía se encuentra en etapa de gestión y que su establecimiento podría tardar varios meses, dependiendo de la obtención de recursos.
El planteamiento incluye además cerrar los accesos utilizados por vehículos que presuntamente ingresan cargados con basura, así como reforzar la vigilancia mediante seguridad pública para impedir que continúe el depósito ilegal de residuos.
Pero para los vecinos, “el problema es que nuevamente se habla de lo que se hará en el futuro, mientras la contaminación continúa en el presente”; por ello exigieron que cualquier compromiso sea acompañado de fechas, responsables, presupuesto y resultados comprobables.
La protesta también puso sobre la mesa una inconformidad que rebasa el problema ambiental, los habitantes cuestionaron el elevado costo de los servicios y del impuesto predial frente a las carencias que enfrentan.
Vecinos de zonas residenciales aseguraron que pagan cantidades considerables de predial y agua, pero sostienen que continúan padeciendo deficiencias en drenaje, alumbrado y otros servicios básicos.
Uno de los testimonios señaló que algunas familias pagan alrededor de dos mil pesos mensuales por agua, mientras que dependiendo del consumo el monto puede alcanzar entre tres mil y cuatro mil pesos; aunado a ello, se cuestionó el cobro por instalación de medidores, con testimonios que refieren pagos de alrededor de seis mil pesos.
La exigencia vecinal es clara; “si las familias cumplen con sus obligaciones fiscales, el gobierno debe responder con servicios públicos eficientes y no permitir que los habitantes paguen cada vez más mientras reciben cada vez menos”.
A esto se suma la problemática del drenaje, los inconformes, denunciaron que existen zonas donde prácticamente no se puede transitar y donde las fallas del sistema se presentan con mayor frecuencia.
La preocupación aumenta porque los manifestantes aseguran que el agua contaminada de la laguna podría estar afectando incluso zonas donde existen pozos de agua limpia.
Ante esta situación, demandaron que el problema deje de ser tratado como un asunto exclusivamente municipal y sea atendido por las autoridades estatales y ambientales.
Asimismo, cuestionaron que, ante un problema que consideran de salud pública, se argumente una falta de facultades o competencia administrativa; para ellos, la división de responsabilidades entre dependencias no puede convertirse en una justificación para mantener abandonada una zona contaminada.
Incluso plantearon la posibilidad de que, si no aparece el propietario del predio o no existe voluntad para resolver el problema, se analicen mecanismos legales que permitan intervenir el terreno y sanearlo, debido al presunto daño ambiental y sanitario.
También señalaron que el problema del tiradero y el de la laguna deben ser atendidos de manera independiente, pues cada uno representa una afectación específica y requiere acciones concretas.
A la problemática del tiradero clandestino se suma la preocupación por el futuro del relleno sanitario de la zona.
De acuerdo con los testimonios recabados, el sitio habría comenzado a operar en 2002 y su concesión estaría próxima a concluir, mientras que una nueva ampliación no habría sido autorizada. Los vecinos señalaron que, ante un eventual cierre, existe incertidumbre sobre el destino que tendrá el manejo de los residuos.
El escenario genera todavía mayor preocupación debido a que el calor intensifica los olores y facilita la dispersión de contaminantes, mientras que el agua acumulada en la laguna recibe descargas y permanece estancada.
Los manifestantes aceptaron retirarse poco después de las 11 de la mañana luego de que las autoridades les informaran que el próximo lunes, a las 17:00 horas, se celebrará una reunión con el alcalde de Calimaya, autoridades estatales y posiblemente la presidenta municipal de San Antonio la Isla.
Pero los vecinos dejaron claro que “la reunión no significa el fin de la protesta”, advirtieron que, si no existe un acuerdo concreto y soluciones reales, cada viernes podrían bloquear el acceso al municipio como medida de presión.
La comunidad también anunció que buscará organizarse con habitantes de otras localidades afectadas para llevar el reclamo ante instancias estatales y federales, incluida la exigencia de intervención de la gobernadora del Estado de México.
