* Al menos 20 casos siguen sin poder judicializarse en el Estado de México……
Por Martha Romero
La implementación de la violencia vicaria como delito en el Estado de México enfrenta obstáculos que impiden a las víctimas acceder plenamente a la justicia, pese a que desde el pasado 20 de marzo entró en vigor la reforma que establece sanciones de hasta ocho años de prisión y contempla la pérdida de la patria potestad para los responsables, sin embargo, organizaciones de apoyo a mujeres denunciaron que las autoridades ministeriales aún no cuentan con los mecanismos necesarios para iniciar carpetas de investigación bajo esta figura jurídica.
La colectiva “Mamá no se rinde” documentó al menos 20 casos de mujeres que han intentado denunciar hechos relacionados con violencia vicaria y no han podido hacerlo debido a que el delito todavía no aparece de manera operativa dentro de los catálogos utilizados por las áreas de procuración de justicia, situación que ha derivado en que los asuntos sean canalizados como casos de violencia familiar.
Esta problemática ha generado preocupación entre las víctimas, ya que el retraso en la aplicación efectiva de la reforma dificulta la recuperación de hijas e hijos sustraídos y prolonga los procesos legales, además de que mantiene a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad frente a sus agresores.
La organización señaló que mientras persistan las fallas administrativas y la falta de capacitación institucional, la violencia vicaria continuará sin ser atendida con la dimensión que requiere, pese a que ya existe un marco legal para perseguirla y sancionarla.
El colectivo está integrado por alrededor de 100 mujeres que han enfrentado este tipo de violencia de género, algunas de ellas con procesos que se han prolongado durante más de una década, por lo que hicieron un llamado a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a las autoridades ministeriales, para acelerar la adecuación de procedimientos y garantizar la correcta aplicación de la ley.
También insistieron en la necesidad de capacitar al personal encargado de la procuración de justicia para evitar criterios erróneos y asegurar una atención especializada, además de reiterar la propuesta de crear mecanismos de observación y acompañamiento institucional.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones especializadas, en el Estado de México existen más de 600 mujeres afectadas por violencia vicaria, mientras que a nivel nacional la cifra supera los cinco mil casos, lo que evidencia la magnitud de una problemática que apenas comienza a contar con herramientas legales para su combate.
