El tema debe preocupar y poner en alerta a otras instituciones, una vez que se ha denunciado por medio del Instituto Nacional Electoral (INE), que tres dependencias del gobierno federal son las que más obstaculizan el trabajo de fiscalización de la dependencia demandante.
Mes con mes, la consejera Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización del organismo, denuncia los retrasos en las solicitudes de información que registra cada una de esas instituciones.
De acuerdo con los informes presentados ante el Consejo General, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera son las dependencias del gobierno federal que más se niegan a cumplir con los acuerdos firmados con el INE para la colaboración e intercambio de información para vigilar el correcto uso de recursos públicos.
En el más reciente informe de noviembre a cargo de la Comisión de Fiscalización, se reportó que la CNBV ha recibido en lo que va del año mil 612 solicitudes de parte del INE, de las cuales sólo 50 por ciento fue atendido en más de cinco días, que es el límite que tienen para atender con prontitud.
En el caso del SAT, el INE reportó que se contestan sólo 37 por ciento de las solicitudes en tiempo y forma.
Mientras que la UIF ha atendido sólo siete de los 64 requerimientos formulados, pues desde el 16 de noviembre de 2021, cuando se cambió el titular y Santiago Nieto fue relevado de dicha área por Pablo Gómez, la colaboración se frenó.
En respuesta al informe de la Comisión de Fiscalización del INE, la UIF aseguró que cuenta con “plena disposición para colaborar con toda autoridad cuyas funciones requieran de la información de inteligencia que es competente para generar y remitir”.
También advirtió que la colaboración se da “cuando las solicitudes se ajusten a lo dispuesto por la Constitución, la legislación y la normatividad aplicable”.
Por ello explicó que, del 1 de enero al 23 de noviembre de 2023, la UIF ha recibido 106 solicitudes de información de diversas áreas del INE, de las cuales ha dado respuesta a 100, quedando pendientes únicamente seis que se encuentran en trámite.
Desde 2014, el INE ha firmado diversos convenios con autoridades financieras para el intercambio de información que permita verificar la veracidad de lo reportado por los partidos políticos y realiza las labores de fiscalización correspondientes sobre dichos actores.
Con la CNBV, el convenio data del 26 de agosto de 2014; con el SAT, el convenio se firmó el 23 de febrero de 2015.
En 2018, el INE firmó convenios con la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación; en 2019, con la Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera y en 2021 con la Procuraduría Fiscal Federal.
Carla Humphrey reiteró los reclamos a la falta de disposición de las autoridades financieras para colaborar con el INE.
“Como también lo he señalado en sesiones anteriores, me sigue causando preocupación que algunas autoridades continúan sin dar cumplimiento a su obligación de entregar a esta autoridad la información y documentación que le sea requerida para la sustanciación de procedimientos en materia de fiscalización”, reprochó.
La consejera expuso que en lo que va de este año, la Unidad Técnica de Fiscalización ha emitido mil 973 requerimientos de documentos e información a diversas autoridades, pero destacó que, por ejemplo, en el caso de la CNBV, mil 224 solicitudes fueron acusadas de recibo a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, en un promedio de cinco días.
Cinco días es el tiempo que tienen para responder a los requerimientos que hace esta autoridad; “es decir, los reciben después del plazo que nos tienen que contestar esas solicitudes de información”, dijo.
Humphrey advirtió que “la negativa dilación de las referidas autoridades para atender los requerimientos que formula la autoridad fiscalizadora constituye severos obstáculos a esta labor, pero también a la resolución pronta y expedita de los procedimientos”.
La consejera también aseguró que el INE no puede permanecer indiferente ni inactivo ante, lo que consideró, “una actitud contraria a la normatividad”, por lo que insistió en que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General adopte las medidas que se estimen idóneas para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de brindar el apoyo institucional y que se le informe sobre dichas medidas.
