La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enfrenta a un dilema financiero de proporciones significativas, tras el bloqueo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de dos cuentas bancarias vinculadas a la Facultad de Medicina.
Este movimiento drástico surge en el contexto de una investigación por presuntas irregularidades financieras asociadas al lavado de dinero.
La institución académica a nivel nacional, reconocida por su excelencia en la formación de profesionales de la salud, se vio sorprendida por la congelación de sus cuentas el pasado 26 de enero, cuando intentaba realizar una operación financiera.
La acción de la UIF no solo afecta a dicha facultad, sino también a Luis Arturo González Nava, el secretario administrativo de la Facultad de Medicina, cuyas cuentas en varios bancos importantes han sido bloqueadas, incluyendo Banamex, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank.
González Nava, responsable de manejar un presupuesto considerable de 2 mil 157 millones de pesos asignados a la Facultad de Medicina en 2023, se encuentra en el centro de las supuestas irregularidades financieras.
La UIF y la Secretaría de Hacienda han tomado medidas contundentes, incluyendo la inclusión de la UNAM en la lista de personas bloqueadas, lo que ha desencadenado una serie de disputas legales.
La UNAM ha emprendido acciones legales para desbloquear las cuentas, presentando una demanda de amparo el 19 de febrero. Sin embargo, la solicitud de suspensión provisional para levantar el aseguramiento fue denegada por un juez federal, intensificando la incertidumbre sobre el futuro financiero de la institución.
La situación se ha vuelto aún más compleja con la revelación de que la UNAM no fue notificada previamente del bloqueo de las cuentas, lo que ha dado lugar a un argumento legal sólido en su defensa.
La Dirección Jurídica de la universidad ha interpuesto un juicio de amparo contra la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Banco Santander, sosteniendo que la acción carece de sustento jurídico y es potencialmente inconstitucional.
En medio de esta batalla legal, el caso ha llegado a manos del juez en materia administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, quien será el encargado de decidir si concede la suspensión solicitada para liberar las cuentas.
Este fallo crucial determinará el curso futuro de las finanzas de una de las instituciones educativas más importantes de México y la resolución definitiva sobre las acusaciones de irregularidades financieras que pesan sobre la Facultad de Medicina de la UNAM.
