* Gobierno municipal programó 174.7 millones de pesos para 82 obras durante 2026, pero al cierre del segundo trimestre el reporte analizado registraba cero pesos ejercidos y cero avance físico.
* Persisten interrogantes sobre contratistas, adjudicaciones y uso reiterado de invitaciones restringidas……
Por Karina Rocha
El gobierno municipal de Almoloya de Juárez tiene una explicación pendiente con sus habitantes, y no es menor, se trata de aclarar qué ocurrió durante la primera mitad de 2026 con 174 millones 745 mil 686 pesos autorizados para 82 obras y acciones públicas, porque mientras el presupuesto estaba escrito sobre el papel, al corte del segundo trimestre, correspondiente al 30 de junio, el propio reporte municipal analizado registraba cero pesos ejercidos y cero por ciento de avance físico.
La cifra resulta especialmente delicada porque no estamos hablando de proyectos marginales ni de unos cuantos millones de pesos, sino de una bolsa cercana a los 175 millones de pesos destinada a pavimentaciones, drenajes, ampliaciones de redes de agua, guarniciones, banquetas y mejoramiento de vivienda, obras directamente relacionadas con las condiciones de vida de comunidades que esperan resultados y no únicamente presupuestos autorizados.
El problema no es solamente cuánto dinero se programó, sino cuánto se ejerció, cuándo comenzó a ejercerse, quién obtuvo los contratos y bajo qué procedimientos, preguntas elementales tratándose de recursos públicos que hasta ahora requieren respuestas mucho más claras.
Millones programados, avance reportado en cero
El Programa Anual de Obra contempla 82 obras o acciones por 174 millones 745 mil 686.82 pesos, sin embargo, el corte analizado al 30 de junio reportaba 0.00 pesos ejercidos y cero por ciento de avance físico, una situación que obliga al Ayuntamiento a explicar las razones del rezago y, especialmente, qué ocurrió durante la segunda mitad del ejercicio.
Resultaría insuficiente argumentar simplemente que el presupuesto estaba autorizado pero todavía no pagado, precisamente porque una administración municipal debe planear, contratar, ejecutar, supervisar y comprobar las obras dentro de los tiempos previstos, si durante seis meses el indicador permaneció en cero, corresponde explicar públicamente por qué.
Entre los proyectos de mayor monto aparece la pavimentación de diversas calles en San Agustín Poteje Norte, con 16 millones 862 mil pesos, también figuran acciones de cuartos adicionales por 10 millones 127 mil y otros 10 millones 77 mil pesos, drenaje sanitario en San Francisco Tlalcilalcalpan por 7 millones 837 mil pesos, ampliación de la red de agua en esa misma comunidad por 6 millones 704 mil pesos y guarniciones y banquetas por otros 5 millones 900 mil pesos.
Son cantidades suficientemente importantes para exigir información puntual sobre su situación actual.
¿Quién obtuvo los contratos?
Aquí aparece otro punto que debería encender las alertas de transparencia, el Programa Anual de Obra permite conocer proyectos y presupuestos, pero no identifica por sí mismo qué empresas fueron contratadas para ejecutarlos, por ello, conocer el verdadero destino contractual de los 174.7 millones requiere revisar fallos, contratos, dictámenes, estimaciones y expedientes de adjudicación.
Dicho sea de paso, se dice que, al menos 76 millones de pesos no han sido ejercidos, ya que no ha habido empresa que le entre con el 20 por ciento del total del recurso con el presidente municipal Adolfo Solís.
O sea, para que esta administración entregue una obra de manera directa, deben pagar los “ganadores del contrto” el 20% de comisión para el alcalde.
De ahi que merezca especial atención el uso reiterado de la modalidad de invitación restringida, y por tratarse de recursos públicos el gobierno municipal debería transparentar por qué se eligió esa modalidad, qué empresas fueron invitadas, cuáles participaron, qué propuestas presentaron y quién obtuvo finalmente cada contrato.
También deberá conocerse si determinados contratistas concentran una parte significativa del presupuesto.
Hasta ahora no existe sustento documental suficiente para asegurar que una sola empresa recibió 76 millones de pesos, pero precisamente esa incertidumbre exhibe la necesidad de abrir completamente los expedientes, la respuesta debe salir de sumar contrato por contrato y determinar si existe concentración de recursos entre una misma razón social o empresas vinculadas.
El FAIS también exige cuentas
Otro elemento que requiere explicación son los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Almoloya de Juárez reporta para 2026 alrededor de 128 millones 187 mil 575 pesos de FAIS, mientras el Programa Anual de Obra asciende a 174 millones 745 mil 686 pesos, una diferencia de aproximadamente 46.5 millones de pesos que confirma que existen distintas fuentes de financiamiento y que cada peso debe ser rastreado hasta conocer su destino.
Más llamativo resulta que el formato correspondiente al segundo trimestre sobre montos recibidos, obras y acciones a realizar con FAIS apareciera reportado “sin movimientos”, situación que obliga a conocer qué ocurrió posteriormente con esos re-cursos y cuándo comenzaron a traducirse en contratos, estimaciones y obras.
La transparencia no puede llegar después
El gobierno municipal tiene la obligación política de despejar las dudas con documentos, no con discursos, debe publicar de manera accesible las empresas adjudicadas en las 82 obras, montos contratados y pagados, procedimientos utilizados, empresas invitadas, avances físicos y financieros, convenios modificatorios y fuentes de financiamiento.
Porque cuando existen casi 175 millones de pesos programados para obra pública y al cierre de medio año el reporte muestra cero ejercicio y cero avance físico, el silencio administrativo deja demasiadas preguntas abiertas.
Almoloya de Juárez no necesita presupuestos que luzcan bien en documentos oficiales, necesita ca-lles, drenajes, agua, banquetas y vivienda, y sobre todo necesita saber quién administra su dinero, quién recibe los contratos y cuándo los millones autorizados se convierten efectivamente en obra pública.
La rendición de cuentas comienza precisamente ahí, siguiendo cada peso desde el presupuesto hasta la obra terminada.
