* Revisiones exponen cárceles saturadas, miles de internos por encima de su capacidad y un sistema obligado a intervenir constantemente para mantener el control……
Por Mireya Álvarez
El Gobierno del Estado de México intensificó durante 2026 los operativos dentro de sus centros penitenciarios con 34 supervisiones técnicas y 310 revisiones operativas, una cifra que oficialmente pretende demostrar vigilancia permanente contra el autogobierno, las sustancias ilícitas y los objetos prohibidos, sin embargo, vista desde otra perspectiva, la misma cantidad de intervenciones permite dimensionar la presión existente dentro de un sistema penitenciario donde la sobrepoblación se convirtió desde hace años en parte de la normalidad.
La pregunta inevitable es sencilla, si durante apenas nueve meses fueron necesarias más de 340 intervenciones para impedir que surjan estructuras internas de poder, localizar objetos prohibidos y contener riesgos dentro de los dormitorios, ¿qué tan firme es realmente el control cotidiano de los penales mexiquenses?.
La sobrepoblación alimenta el problema
El Estado de México enfrenta uno de los sistemas penitenciarios más saturados del país, de los 21 centros peni tenciarios existentes, por lo menos 16 registran sobrepoblación, mientras la infraestructura disponible ronda una capacidad de 16 mil 310 espacios frente a una población cercana a 38 mil 681 personas privadas de la libertad.
Eso significa que en términos generales existen más de dos internos por cada lugar originalmente diseñado, pero el promedio estatal esconde situaciones todavía más graves, cárceles como Zumpango han registrado porcentajes de sobrepoblación extraordinariamente elevados, mientras Chiconautla concentra miles de internos dentro de instalaciones sometidas permanentemente a presión.
La sobrepoblación no constituye solamente un problema de espacio físico, cuando dormitorios, áreas comunes, servicios médicos, comedores, instalaciones sanitarias y zonas de convivencia tienen que atender a una población muy superior a aquella para la que fueron construidos, aumentan también las posibilidades de conflictos, comercio ilegal, extorsiones, disputas internas y construcción de redes de poder entre internos.
Por eso resulta insuficiente presentar cada revisión únicamente como una muestra de fortaleza institucional, también habría que preguntarse por qué el sistema necesita recurrir de manera tan frecuente a operativos extraordinarios para sostener condiciones mínimas de control.
Ejército y Guardia Nacional dentro de las cárceles
La dimensión del problema también puede observarse en la participación de fuerzas federales, la Secre taría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional han acompañado diversas incursiones dentro de los centros penitenciarios mexiquenses, mientras agrupamientos especializados aportan personal e inteligencia para detectar artefactos, sustancias y otros objetos cuya presencia está prohibida.
Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizó una revisión especializada en el penal de Santiaguito, intervención que ocurrió días después de versiones que generaron inquietud en torno a las condiciones internas del centro penitenciario, aunque las autoridades descartaron un motín y aseguraron que se trataba de recorridos preventivos.
Que exista coordinación federal puede considerarse una fortaleza operativa, pero también abre otra pregunta incómoda, si el sistema penitenciario estatal requiere apoyo militar y de la Guardia Nacional para realizar revisiones internas, habría que explicar con claridad cuáles son los riesgos que justifican semejante despliegue.
Un penal debería ser, por definición, uno de los espacios con mayor control institucional del Estado, no un territorio donde deba recuperarse periódicamente la autoridad median te incursiones sorpresivas.
Autogobierno, el fantasma que obliga a revisar
La propia estrategia reconoce que uno de los objetivos centrales consiste en evitar cualquier forma de autogobierno, el concepto no es menor, implica impedir que grupos de internos impongan reglas, cobren cuotas, controlen mercancías, decidan accesos o ejerzan poder sobre otros reclusos.
Pero combatir el autogobierno únicamente mediante operativos puede convertirse en una tarea interminable cuando permanecen intactas las condiciones que favorecen su aparición, sobrepoblación, insuficiencia de custodios, corrupción, carencias de infraestructura, ingreso de objetos prohibidos y concentración de miles de personas dentro de espacios reducidos.
Cada teléfono, arma, sustancia o artículo ilegal localizado dentro de una prisión genera además otra pregunta que rara vez obtiene respuesta completa, cómo entró.
Las paredes y barrotes no introducen objetos por sí mismos, por lo que cualquier decomiso tendría que conducir también a investigaciones sobre posibles responsabilidades internas, controles de acceso, vigilancia del personal y mecanismos mediante los cuales esos artículos llegaron hasta dormitorios y áreas restringidas.
Revisar no significa resolver
La Secretaría de Seguridad sostiene que los operativos continuarán de manera sorpresiva y que las revisiones se realizan respetando los derechos humanos, además, las supervisiones técnicas atienden diagnósticos elaborados por organismos especializados, todo ello representa una obligación institucional necesaria, pero difícilmente puede presentarse como solución definitiva.
El verdadero resultado no debería medirse solamente por el número de revisiones realizadas, sino por la reducción de sobrepoblación, disminución de objetos prohibidos, ausencia de extorsiones, fortalecimiento del personal penitenciario, condiciones dignas de internamiento y capacidad efectiva del Estado para garantizar reinserción social.
Porque realizar 340 revisiones puede demostrar actividad, pero también puede revelar que existe un problema que obliga a intervenir una y otra vez.
Los penales mexiquenses no necesitan únicamente operativos espectaculares, necesitan recuperar capacidad, infraestructura, vigilancia y condiciones mínimas que permitan ejercer el control institucional todos los días y no solamente cuando ingresan fuerzas especiales.
Mientras existan cárceles ocupadas muy por encima de sus límites, miles de internos hacinados y autoridades obligadas a realizar cientos de incursiones para impedir autogobiernos, el sistema penitenciario difícilmente podrá presumirse bajo control, por el contrario, cada nuevo operativo terminará recordando el tamaño de una crisis que sigue encerrada detrás de los muros.
