* Familiares de alrededor 500 personas encarceladas denuncian presuntas investigaciones manipuladas, de tenciones arbitrarias e irregularidades judiciales……
Por Mary González
Toluca, México.- Las acusaciones sobre presunta fabricación de delitos, investigaciones deficientes y encarcelamientos injustificados volvieron a colocar bajo cuestionamiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que integrantes del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes bloquearan este miércoles 11 de noviembre durante aproximadamente seis horas Paseo Tollocan, para exigir la revisión de expedientes de personas que, según sus familiares, permanecen encarceladas por delitos que no cometieron, una denuncia que obliga a esclarecer posibles irregularidades dentro del sistema estatal de procuración de justicia.
La movilización comenzó alrededor de las 12:20 horas, cuando aproximadamente 50 manifestantes cerraron carriles centrales y laterales en ambos sentidos, a la altura de las Torres Bicentenario, provocando congestionamientos de varios kilómetros, retrasos en el transporte público y severas afectaciones a cientos de automovilistas, mientras los inconformes reclamaban una audiencia con funcionarios capaces de revisar sus denuncias.
Denuncian hasta 500 encarcelamientos injustos
Norma López, integrante del colectivo, aseguró que la organización representa a familiares de alrededor de 500 personas privadas de la libertad, quienes denuncian supuestas detenciones arbitrarias, acusaciones falsas y expedientes presuntamente manipulados, principalmente relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y feminicidio, señalamientos cuya gravedad exige investigaciones independientes, aunque hasta ahora no existe información pública suficiente para acreditar la inocencia de todos los involucrados.
Los manifestantes cuestionaron que algunas investigaciones aparentemente se construyan para justificar detenciones o conseguir resultados estadísticos, en lugar de esclarecer los hechos mediante pruebas sólidas, situación que, de confirmarse, representaría una vulneración del debido proceso y una afectación profunda a familias que enfrentan gastos legales, separación y años de incertidumbre.
Entre los casos expuestos aparece el de Blanca Flor Vargas, recluida desde hace casi tres años en el penal de Santiaguito por una acusación de secuestro, cuya familia rechaza los señalamientos y denuncia irregularidades en la carpeta de investigación, un expediente que requiere revisión jurídica para establecer si existen elementos suficientes para sostener la imputación.
Fiscalía bajo exigencia de rendir cuentas
La representante del colectivo, Karina Escandón Camargo, encabezó las gestiones para establecer comunicación con la Fiscalía mexiquense, mientras personal de la institución acudió aproximadamente a las 16:00 horas para iniciar acercamientos con los inconformes, sin que al cierre de los primeros reportes se conocieran acuerdos verificables sobre expedientes específicos, plazos de revisión o mecanismos de seguimiento.
El cuestionamiento central no consiste únicamente en determinar cuántas personas podrían encontrarse injustamente encarceladas, sino en conocer qué controles existen para identificar testimonios contradictorios, pruebas insuficientes, posibles abusos ministeriales y errores procesales, además de establecer responsabilidades cuando las investigaciones presenten irregularidades comprobadas.
La Fiscalía debe garantizar que sus actuaciones estén sustentadas en elementos legales verificables, mientras corresponde a jueces y tribunales valorar las pruebas, resolver impugnaciones y determinar responsabilidades penales, por lo que cualquier revisión institucional necesita respetar las competencias judiciales y los derechos de víctimas, denunciantes e imputados.
Bloqueos exhiben problemas sin resolver
Alrededor de las 18:20 horas, los manifestantes retiraron el bloqueo y permitieron nuevamente la circulación, después de una jornada marcada por discusiones con automovilistas, complicaciones de tránsito y una lluvia intensa que dificultó mantener la protesta, sin embargo, la reapertura vial no significó necesariamente una solución para las familias inconformes.
Los cierres reiterados de Paseo Tollocan también evidencian las consecuencias de conflictos institucionales que terminan trasladándose a la ciudadanía, particularmente cuando las inconformidades permanecen sin respuestas suficientes y los manifestantes recurren a vialidades estratégicas para conseguir atención pública.
Exigen justicia, no solamente reuniones
Ante la magnitud de las acusaciones, resulta indispensable que la Fiscalía informe cuántos expedientes fueron formalmente presentados por el colectivo, cuáles pueden revisarse legalmente, qué irregularidades han sido denunciadas y si existen investigaciones administrativas o penales contra servidores públicos por posibles actuaciones indebidas.
La responsabilidad institucional tampoco termina con instalar mesas de diálogo o conseguir que los manifestantes despejen las calles, porque el verdadero desafío consiste en garantizar investigaciones imparciales, procedimientos transparentes y mecanismos efectivos para corregir errores, sin comprometer los derechos de las víctimas ni presumir automáticamente la inocencia o culpabilidad de quienes enfrentan procesos penales.
Mientras las familias continúen reclamando respuestas y las autoridades no transparenten resultados concretos, persistirá el cuestionamiento sobre la capacidad de las instituciones mexiquenses para garantizar justicia y evitar que posibles irregularidades permanezcan sin esclarecer.
