* Proponen obligar a integrantes de los 125 cabildos a rendir informes bimestrales, ante cuestionamientos por falta de resultados, escasa transparencia y funcionarios que cobran sin demostrar suficientemente su trabajo……
Por Edith Romero
La opacidad que rodea el desempeño de numerosos regidores en el Estado de México podría enfrentar nuevas obligaciones de transparencia, luego de que la diputada de Morena, Martha Azucena Camacho Reynoso, presentara una iniciativa para exigir informes bimestrales de actividades, propuesta que exhibe la necesidad de revisar cómo cumplen sus responsabilidades quienes participan en las decisiones de los 125 ayuntamientos mexiquenses.
La legisladora planteó adicionar el artículo 66 Bis a la Ley Orgánica Municipal, para obligar a publicar información individual sobre asistencia a sesiones de cabildo, participación en comisiones, propuestas, proyectos, gestiones ciudadanas y resultados obtenidos durante cada periodo.
Cobran, pero pocos conocen su trabajo
Desde la tribuna legislativa, Martha Camacho cuestionó que existan representantes populares que reciben remuneraciones públicas sin que la ciudadanía conozca suficientemente sus actividades, incluso señaló que algunos no presentan ini ciativas, no gestionan soluciones y únicamente aparecen durante actos públicos o campañas políticas.
El señalamiento coloca sobre la mesa una exigencia fundamental, conocer cuánto cuesta mantener las regidurías, qué resultados generan y cuáles son los mecanismos disponibles para verificar su productividad, porque asistir a ceremonias o aparecer en fotografías no constituye por sí mismo evidencia de desempeño institucional.
Informes sin resultados serían simulación
Actualmente, parte de la información municipal se encuentra dispersa entre actas de cabildo, documentos de comisiones y portales institucionales, situación que dificulta identificar responsabilidades individuales y evaluar el cumplimiento de compromisos.
La iniciativa contempla publicar los reportes en páginas oficiales sin crear nuevas estructuras administrativas ni incrementar presupuestos, además establece un plazo de 60 días para realizar adecuaciones si obtiene aprobación legislativa.
Sin embargo, publicar documentos no garantiza transparencia, pues también será indispensable establecer indicadores verificables, mecanismos de seguimiento y consecuencias ante posibles omisiones o información falsa.
Ciudadanía exige cuentas claras
El verdadero desafío será impedir que los informes se conviertan en propaganda personal financiada con recursos públicos, mediante fotografías, reuniones y actividades sin resultados comprobables.
La propuesta deberá acompañarse de controles que permitan co-nocer acuerdos promovidos, votaciones, asistencia efectiva y atención de demandas ciudadanas, porque representar a la población implica responsabilidades permanentes y no solamente ocupar un cargo remunerado.
