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Acusan injusticias en procesos de presos de Santiaguito

* Familiares y activistas pidieron revisar los expedientes de internos que, aseguran, enfrentan procesos con irregularidades y podrían estar privados de la libertad injustamente……

Con pancartas en alto y consignas de protesta, familiares y activistas llegaron al Palacio de Justicia del Estado de México para exigir la revisión de casos de personas encarceladas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a quienes consideran víctimas de procesos injustos.

Integrantes del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes denunciaron que algunos internos podrían permanecer privados de la libertad sin elementos suficientes para acreditar su responsabilidad. La protesta se realizó desde la banqueta, sin afectar el tránsito vehicular.

Entre los casos expuestos estuvo el de Guillermo Moreno Basilio y su padre, Guillermo Moreno Díaz, relacionados con un homicidio ocurro durante un linchamiento en 2022, en San Lorenzo Huitzizilapan, municipio de Lerma.

Irma Maura Olmedo, madre y familiar de los acusados, afirmó que ambos fueron detenidos hasta 2023 y que el proceso penal estaría sustentado en una carpeta de investigación que, según señaló, habría sido fabricada.

Olmedo aseguró que Guillermo Moreno Díaz fue sentenciado a 70 años de prisión, pese a que, según su versión, no participó en los hechos por los que fue condenado. Este miércoles, agregó, se llevaría a cabo una audiencia de apelación en la que la defensa presentaría nuevos elementos.

“No queremos que les reduzcan años, queremos que los liberen porque ellos son inocentes”, expresó.

Las protestas se dan en medio de distintas acciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) relacionadas con el penal de Santiaguito. En marzo de 2026, el organismo acudió al centro penitenciario para brindar asesoría a internos cuyos casos podrían ser considerados para amnistía y analizar posibles beneficios de preliberación.

En septiembre, la CODHEM inició además una investigación de oficio por presuntos cobros irregulares dentro del penal. El organismo realizó inspecciones y solicitó medidas cautelares para garantizar condiciones dignas y seguras para las personas internas. Hasta ese momento, aclaró, no se habían determinado responsabilidades.

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