Un grupo integrado por 100 periodistas del Estado de México solicitó la intervención de autoridades estatales para garantizar la libertad de expresión y evitar la presunta criminalización del ejercicio periodístico en el municipio de Tenancingo.
A través de un pronunciamiento público, los comunicadores hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al Fiscal General de Justicia del Estado de México y al Congreso local para que se salvaguarden los derechos de quienes ejercen el periodismo en la entidad.
De acuerdo con el documento, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, promovió una denuncia en contra de cuatro periodistas vinculados al espacio informativo: La Madeja Política de Tenancingo: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez.
Los comunicadores señalaron que la denuncia, integrada en la carpeta de investigación 275/2026, los acusa de presunta violencia digital derivada de publicaciones, transmisiones y comentarios difundidos en redes sociales relacionados con el desempeño de la administración municipal.
Según el posicionamiento, los periodistas consideran que los señalamientos están relacionados con su labor informativa y crítica sobre temas de interés público, como servicios municipales, obras públicas, manejo de recursos, salarios y presuntos casos de nepotismo.
Asimismo, informaron que fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Metepec, donde rindieron declaración. Indicaron que la denunciante habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los involucrados.
El documento también señala que la alcaldesa ha manifestado públicamente su desacuerdo con comentarios realizados en redes sociales sobre la gestión municipal, situación que los firmantes consideran preocupante para el ejercicio democrático y el acceso a la información pública.
Los periodistas sostienen que la crítica a funcionarios públicos forma parte del debate democrático y del derecho a la información, por lo que pidieron que las autoridades garanticen el respeto a la libertad de expresión y a la labor de los medios de comunicación.
Finalmente, la agrupación reiteró su llamado para que se protejan los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos, y advirtió sobre los riesgos que representa cualquier acción que pueda interpretarse como un intento de inhibir o limitar el ejercicio periodístico en la entidad.
