* Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y delitos sexuales bloquearán el 31 de agosto la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir avances reales en las investigaciones de la Fiscalía mexiquense……
Por Martha Romero
Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y delitos sexuales en la zona oriente del Estado de México anunciaron un megabloqueo para el próximo 31 de agosto con el propósito de exigir avances concretos en las investigaciones que mantiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al considerar que las carpetas permanecen estancadas y que las autoridades continúan sin ofrecer resultados suficientes.
La movilización será encabezada por integrantes de diversas colectivas feministas y familiares de víctimas, quienes se concentrarán a partir de las 11:00 horas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Tepalcates del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la zona limítrofe entre el municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía Iztapalapa, uno de los principales accesos entre el Estado de México y la Ciudad de México.
Las organizaciones señalaron que la protesta busca visibilizar la falta de acceso a la justicia y la demora que enfrentan cientos de familias para conocer el estado de las investigaciones relacionadas con feminicidios, desapariciones y otros delitos de violencia de género.
Bajo la consigna “Sin justicia no hay paz. Marchamos por nuestras familias para que mañana no se la quiten a alguien más”, los colectivos convocaron a familiares, activistas y sobrevivientes de violencia a sumarse a la movilización para exigir respuestas de las autoridades.
Entre las participantes estará la activista Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2014 en el municipio de Ixtapaluca, quien desde hace varios años acompaña a familias de víctimas de violencia feminicida y delitos de género.
La activista señaló que escuchar las historias de quienes continúan esperando justicia resulta especialmente significativo debido a que ella también fue víctima de violencia feminicida y de violaciones a derechos humanos reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los organizadores enfatizaron que la protesta no busca establecer mesas de diálogo con actores políticos ni recibir nuevas promesas institucionales, sino obtener información clara sobre el estado de las carpetas de investigación y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Afirmaron que detrás de cada expediente existen personas, familias y proyectos de vida truncados, por lo que insistieron en que las autoridades deben ofrecer resultados verificables y transparentes, además de permitir a las víctimas indirectas conocer el avance real de las investigaciones, pues advirtieron que la falta de respuestas mantiene abierta una crisis de impunidad que continúa afectando a cientos de familias en la entidad.
