* Dicha acción permitirá que 10 personas privadas de la libertad puedan acceder a beneficios como la libertad anticipada, la libertad condicionada y amnistías……
Por Martha Romero
Con el objetivo de cubrir los montos económicos determinados por la autoridad jurisdiccional como reparación del daño y permitir que 10 personas privadas de la libertad puedan acceder a beneficios jurídicos como la libertad anticipada, la libertad condicionada y amnistías, fueron autorizados recursos por 756 mil 85 pesos para cubrir el pago en ocho casos.
José Carlos Neira Cruz, encargado del despacho del Instituto de la Defensoría Pública, explicó que dicho recursos fueron autorizados en la sesión del Fondo de Reparación del Daño, mismo que busca eliminar las barreras económicas que enfrentan personas en situación de vulnerabilidad que, a pesar de cumplir con los requisitos legales para obtener un beneficio jurídico, no cuentan con recursos para cubrir el monto de la reparación del daño fijado por la autoridad jurisdiccional.
Señaló que el mecanismo permite garantizar tanto el derecho de las víctimas a recibir la reparación correspondiente como el acceso a la justicia para quienes reúnen las condiciones previstas por la ley.
Indicó que impulsan una política de justicia con enfoque social, orientada principalmente a los sectores más vulnerables, con el propósito de reducir desigualdades, fortalecer el respeto a los derechos humanos y favorecer la reinserción social.
Neira Cruz explicó que cada solicitud es analizada por un Comité Técnico, el cual realiza una revisión responsable, técnica y con apego a la legislación vigente, antes de autorizar el apoyo económico.
Asimismo, precisó que el monto máximo que puede otorgarse a través del Fondo de Reparación del Daño es de 300 mil pesos por persona.
Finalmente, afirmó que este instrumento fortalece el acceso a la justicia mediante criterios objetivos y transparentes, al garantizar el pago de la reparación del daño a las víctimas y facilitar que las personas privadas de la libertad que cumplen con los requisitos legales puedan acceder a los beneficios jurídicos contemplados en la legislación.
