* Sheinbaum encabeza restitución a 20 años de la represión……
Por Edith Romero
En un acto cargado de simbolismo político y social, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la segunda restitución de tierras al ejido de San Salvador Atenco, donde se formalizó la devolución de 54 hectáreas destinadas al uso agrícola, como parte del Plan de Justicia para la región, a dos décadas de los hechos de represión que marcaron la historia reciente del país, en un evento que buscó cerrar heridas abiertas y reforzar el discurso de justicia social impulsado por su administración.
La mandataria destacó que esta acción representa no solo la recuperación de territorio, sino el reconocimiento a la lucha histórica de las comunidades que durante años resistieron proyectos que consideraron injustos, recordando que desde 2001 los habitantes de Atenco se opusieron al desarrollo del aeropuerto en Texcoco, al considerar que implicaba el despojo de sus tierras y una afectación directa a su forma de vida.
De la confrontación al reconocimiento
Durante su intervención, la presidenta hizo referencia a los acontecimientos de 2006, señalando que se trató de una etapa marcada por el uso de la fuerza pública en contra de la población, un episodio que dejó detenciones arbitrarias, denuncias por violaciones a derechos humanos y una profunda desconfianza hacia las instituciones.
El mensaje central giró en torno a un cambio de paradigma, donde se plantea que el desarrollo no puede construirse sobre la base del despojo, sino a partir del consenso social, destacando que la restitución de tierras es una forma de reparar, en parte, el daño histórico sufrido por las comunidades.
El Plan de Justicia para Atenco
La devolución de estas 54 hectáreas se suma a un proceso más amplio iniciado en años recientes, que incluye la restitución previa de más de 186 hectáreas y la implementación de acciones orientadas a fortalecer la vocación agrícola de la zona, así como mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
El Plan de Justicia contempla no solo la recuperación territorial, sino también programas sociales, infraestructura y atención a demandas históricas, con el objetivo de reconstruir el tejido social en una región que se convirtió en símbolo de resistencia a nivel nacional.
Un símbolo de lucha campesina
San Salvador Atenco ocupa un lugar relevante en la memoria colectiva del país, tras los decretos expropiatorios emitidos en 2001 para la construcción de un aeropuerto en el Lago de Texcoco, lo que detonó una movilización social encabezada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización que logró visibilizar el conflicto a nivel nacional e internacional.
El movimiento se consolidó como un referente en la defensa del territorio, articulando demandas relacionadas con la justicia agraria, el respeto a los derechos humanos y la participación comunitaria en decisiones de desarrollo.
Del aeropuerto cancelado al nuevo modelo
El conflicto de Atenco tuvo un punto de inflexión en 2018, cuando una consulta nacional determinó la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco, dando paso a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que fue interpretado como un triunfo para las comunidades que se opusieron al proyecto original.
Posteriormente, el Lago de Texcoco fue declarado área natural protegida, reforzando la narrativa de un cambio en la visión de desarrollo, donde se prioriza el equilibrio ambiental y social frente a grandes obras de infraestructura.
Diálogo y demandas vigentes
Previo al evento, un grupo de habitantes bloqueó una vialidad en demanda de servicios básicos y la continuidad en la restitución de tierras, lo que evidenció que, pese a los avances, aún persisten necesidades y exigencias por parte de la población.
La respuesta del gobierno federal fue abrir canales de diálogo y acordar la instalación de mesas de trabajo para atender las problemáticas planteadas, en un intento por evitar confrontaciones y privilegiar la negociación como mecanismo de solución.
Entre la justicia y la política
El acto en Atenco se da en un contexto donde el gobierno busca consolidar su narrativa de justicia social, contrastando con administraciones anteriores, al tiempo que enfrenta el reto de traducir estos gestos simbólicos en resultados tangibles y sostenibles para las comunidades.
La restitución de tierras representa un avance significativo, pero también plantea interrogantes sobre el alcance real de estas políticas y su impacto a largo plazo, en una región donde la memoria de la represión sigue presente
Con este paso, el gobierno federal envía un mensaje claro sobre su postura frente a los conflictos territoriales, apostando por la reparación histórica y el reconocimiento de los pueblos, en un intento por redefinir la relación entre el Estado y las comunidades rurales de México.
