* El OSFEM alista 180 auditorías de 2025, mientras irregularidades en Tenancingo exigen transparencia y rendición de cuentas……
Por Martha Romero
El manejo de los recursos públicos en los gobiernos municipales del Estado de México enfrenta una revisión decisiva, ante la próxima entrega de resultados de 180 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2025, proceso encabezado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), cuya titular, Liliana Dávalos Ham, deberá transparentar las observaciones detectadas, los montos sujetos a aclaración y las posibles responsabilidades administrativas derivadas de irregularidades en el ejercicio presupuestal.
La entrega de resultados está prevista durante la semana del 9 al 13 de noviembre, periodo en el que deberán conocerse los alcances de las revisiones practicadas a distintas entidades fiscalizables, particularmente ayuntamientos donde la contratación de servicios, ejecución de obras públicas, adquisiciones y comprobación de gastos representan áreas fundamentales para garantizar el uso adecuado del dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, la presentación de auditorías no constituye por sí misma una garantía de rendición de cuentas, porque será indispensable conocer cuántas observaciones fueron solventadas, cuáles permanecen pendientes y qué procedimientos podrían iniciarse para determinar responsabilidades, evitando que los hallazgos terminen archivados sin consecuencias administrativas o legales.
Tenancingo bajo revisión extraordinaria
Uno de los municipios que requiere especial atención es Tenancingo, gobernado por Nancy Nápoles Pacheco, donde el OSFEM incorporó una auditoría extraordinaria de cumplimiento financiero tras identificar inconsistencias en registros presupuestales, situación que obliga a revisar documentación contable, movimientos financieros y mecanismos internos de control.
Este procedimiento debe distinguirse de las investigaciones penales relacionadas con un presunto faltante de 40 millones de pesos, pues se trata de actuaciones independientes cuyos resultados deberán esclarecerse mediante las instancias correspondientes, sin anticipar responsabilidades ni considerar acreditadas irregularidades todavía sujetas a investigación
El caso también plantea la necesidad de conocer qué controles administrativos existen para detectar oportunamente diferencias presupuestales, quiénes autorizan movimientos financieros y cuáles son los mecanismos empleados para garantizar que cada recurso tenga respaldo documental suficiente.
Congreso deberá exigir resultados concretos
La revisión de las cuentas públicas también colocará bajo observación el papel del Congreso mexiquense, encargado de analizar los informes de fiscalización y dar seguimiento institucional a los procedimientos derivados de posibles observaciones.
Los legisladores deberán exigir información detallada sobre montos observados, municipios involucrados, recomendaciones emitidas y mecanismos de recuperación de recursos cuando legalmente corresponda, porque una fiscalización efectiva requiere seguimiento, transparencia y consecuencias sustentadas en investigaciones.
Hasta ahora permanece pendiente confirmar públicamente la entrega completa de los resultados, por lo que cualquier señalamiento definitivo deberá esperar la documentación correspondiente.
El verdadero alcance de estas 180 auditorías dependerá de la claridad de sus hallazgos y del seguimiento institucional, porque revisar presupuestos sin garantizar aclaraciones oportunas resulta insuficiente para fortalecer la confianza ciudadana en las administraciones municipales del Estado de México.
