* Empresarios denuncian trabas municipales que frenan inversiones y empleos, exigen infraestructura, transparencia y resultados concretos……
Por Karina Rocha
Las dificultades para invertir en el Estado de México volvieron a exhibir las contradicciones entre los discursos oficiales de crecimiento económico y las condiciones que enfrentan los empresarios para desarrollar proyectos productivos, luego de que representantes del sector privado advirtieran que algunos gobiernos municipales imponen requisitos adicionales que complican la instalación de empresas, retrasan inversiones y ponen en riesgo oportunidades de empleo, una situación que obliga a revisar la actuación de los ayuntamientos y cuestionar la efectividad de las políticas destinadas a impulsar el desarrollo económico.
Durante una reunión del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, encabezado por Germán Miguel Jalil Hernández, Francisco Cervantes Díaz, coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones vinculado al Plan México, señaló que determinados municipios establecen exigencias administrativas que obstaculizan proyectos respaldados por instituciones bancarias y fondos de inversión, aunque no identificó públicamente a los ayuntamientos involucrados ni presentó un listado de las empresas afectadas.
El señalamiento resulta especialmente delicado porque evidencia una posible contradicción entre los esfuerzos federales y estatales para atraer capitales y las decisiones municipales que pueden terminar desalentando inversiones, mientras los gobiernos promueven competitividad y crecimiento, algunas ad-ministraciones locales mantienen procedimientos cuya justificación, legalidad y transparencia necesitan ser revisadas.
Ayuntamientos bajo cuestionamiento por obstáculos administrativos
Las advertencias empresariales abren interrogantes sobre la responsabilidad de los 125 gobiernos municipales, particularmente respecto de los tiempos para autorizar licencias, permisos de construcción, funcionamiento comercial y modificaciones de uso de suelo, procedimientos que deben desarrollarse conforme a la legislación vigente y que no deberían convertirse en mecanismos discrecionales para condicionar proyectos económicos.
Aunque las declaraciones no constituyen pruebas de corrupción o extorsión administrativa, sí justifican exigir una investigación que permita establecer si existen requisitos injustificados, cobros indebidos, duplicidad de trámites o decisiones arbitrarias, además de identificar qué municipios presentan mayores dificultades y cuántas inversiones permanecen detenidas por problemas relacionados con sus autoridades.
La situación adquiere mayor importancia ante la incertidumbre generada por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, proceso que, según Cervantes Díaz, ha provocado que determinadas inversiones permanezcan en espera, pese a que considera poco probable la desaparición del acuerdo comercial debido a la integración productiva entre los tres países.
Crecimiento económico todavía insuficiente
Las cifras económicas también muestran que el desafío va más allá de atraer empresas, durante el segundo trimestre de 2026, el Estado de México registró un crecimiento económico anual de 3,5 por ciento, mientras que la informalidad laboral alcanzó 55,3 por ciento, indicador que revela la persistencia de enormes dificultades para incorporar trabajadores a empleos con prestaciones y seguridad social.
Hasta septiembre de 2026, la entidad había generado aproximadamente 71 mil 125 puestos formales durante el año, una cantidad inferior a la meta acumulada de 118 mil 575 empleos planteada para ese periodo, diferencia que obliga a cuestionar si las estrategias institucionales están respondiendo a las necesidades laborales de millones de mexiquenses.
Ante este panorama, Jalil Hernández solicitó mayores recursos para infraestructura durante 2027, principalmente destinados al mejoramiento de carreteras, accesos a parques industriales, abastecimiento de agua y suministro eléctrico, necesidades que afectan directamente la competitividad y que difícilmente podrán resolverse mediante anuncios políticos sin presupuestos suficientes.
Presupuesto 2027 pondrá a prueba compromisos
Francisco Cervantes Díaz planteó desarrollar entre cinco y seis proyectos estratégicos de infraestructura por entidad federativa, mediante esquemas de financiamiento público y privado, incluidas alternativas con participación bancaria y fondos de inversión, propuestas que deberán acompañarse de mecanismos estrictos de fiscalización para evitar compromisos financieros poco transparentes.
El planteamiento llega cuando el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez prepara el Paquete Fiscal 2027, cuyo contenido permitirá conocer si las prioridades empresariales tendrán respaldo presupuestal o permanecerán únicamente como compromisos institucionales sin calendarios de ejecución.
Mesas de trabajo deberán demostrar resultados
Por su parte, el secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, destacó que entre 2022 y 2024 la población mexiquense en situación de pobreza disminuyó de 7,4 a 5,5 millones de personas, aunque este avance no elimina las carencias sociales ni garantiza que todas las familias tengan acceso a empleos dignos.
El funcionario convocó a los empresarios a participar en programas de capacitación, contratación laboral e incorporación de proveedores locales a las cadenas productivas, mientras el Consejo Coordinador Empresarial acordó establecer mesas de trabajo para concretar proyectos conjuntos.
Sin embargo, el verdadero desafío será transformar esas reuniones en inversiones verificables, empleos permanentes y procedimientos administrativos transparentes, porque mientras no se identifiquen los obstáculos municipales, se establezcan responsables y se publiquen resultados medibles, las mesas de diálogo correrán el riesgo de convertirse en otro ejercicio institucional incapaz de resolver los problemas que frenan el desarrollo económico mexiquense.
