* La ruta comercial de la aeronave incluye una compra documentada en mayo que posteriormente fue dejada sin efecto, el regreso del helicóptero al registro estadounidense, su presentación oficial en Toluca y una segunda operación registrada semanas después……
Por Karina Rocha
PARTE 2
Más allá de la edad y las casi 17 mil horas de operación del Black Hawk adquirido para la seguridad pública mexiquense, existe otro capítulo que requiere explicaciones, la ruta comercial y registral del helicóptero atravesó compraventas, cancelaciones y cambios de matrícula mientras la aeronave ya era presentada públicamente como parte del nuevo equipamiento del Gobierno del Estado de México.
Toluca, México.- Los documentos relacionados con la trayectoria comercial del Black Hawk incorporan a Servicio Global de Seguridad y Sistemas Privados GS3, empresa mexicana con domicilio en Cuautitlán Izcalli que aparece vinculada con la adquisición del aparato a la compañía estadounidense 5-State Helicopters.
El perfil público de GS3 resulta relevante, pues sus actividades conocidas se concentran principalmente en seguridad privada, vigilancia, custodias, protección de personas, sistemas electrónicos, controles de acceso y servicios relacionados, sin que sea ampliamente visible una trayectoria comparable como comercializadora especializada de helicópteros militares.
Esto no significa por sí mismo que su intervención haya sido irregular, una empresa puede desarrollar nuevas actividades o apoyarse en especialistas, pero tratándose de una operación pública de aproximadamente 174 millones de pesos resulta indispensable conocer qué papel desempeñó, cuánto recibió, qué experiencia técnica acreditó y qué otras compañías participaron.
Una primera compra que después fue cancelada
La cronología comienza el 4 de mayo de 2026, cuando quedó documentada una compraventa entre 5-State Helicopters y GS3 con la finalidad de exportar el helicóptero hacia México, posteriormente la matrícula estadounidense N60A fue cancelada por exportación y apareció una matrícula mexicana vinculada con la aeronave.
Sin embargo, semanas después ocurrió un movimiento que obliga a revisar con detalle toda la operación, el 9 de junio las partes informaron que aquella primera compraventa no se había consumado y solicitaron corregir la situación registral.
Después fue cancelada la matrícula mexicana y el 17 de junio el Black Hawk apareció nuevamente registrado en Estados Unidos a nombre de 5-State Helicopters.
Sólo cinco días después, el 22 de junio, el Gobierno del Estado de México presentó públicamente la aeronave en Toluca como una de sus principales incorporaciones en materia de seguridad.
La propia Secretaría de Seguridad ha indicado que el helicóptero había llegado a territorio mexiquense desde el 19 de junio, de manera que entre su ingreso al país, los movimientos del registro estadounidense y su presentación oficial existe una secuencia que requiere respaldo contractual y jurídico.
La pregunta es sencilla, bajo qué instrumento disponía el Gobierno del Estado de México de la aeronave cuando la presentó públicamente, quién era entonces su propietario legal, quién había asumido las obligaciones económicas y qué documento sustentaba su incorporación a la Secretaría de Seguridad.
Una segunda operación después de la presentación
La historia registral no terminó ahí, el 4 de agosto apareció nuevamente una operación entre 5-State Helicopters y GS3 sobre el mismo Black Hawk, posteriormente la matrícula estadounidense volvió a cancelarse para permitir su exportación.
La fecha resulta particularmente relevante porque esta segunda operación ocurrió varias semanas después de la presentación oficial del helicóptero en Toluca.
Esta circunstancia tampoco constituye por sí misma evidencia de ilegalidad, las operaciones internacionales pueden atravesar procedimientos administrativos, financieros, aduanales y registrales en momentos distintos, pero cuando existen 174 millones de pesos de recursos públicos involucrados, cada etapa debería encontrarse perfectamente documentada.
Tampoco se conoce públicamente cuánto pagó GS3, o cualquier otro participante mexicano, a 5-State Helicopters por el aparato, ese dato resulta fundamental para conocer el valor que tenía la aeronave antes de ingresar al país y determinar qué parte del monto final corresponde realmente al helicóptero y qué parte se explica por otros servicios.
Dieciséis vuelos frente a 174 millones
El gobierno estatal ha defendido la adquisición con el argumento de que un Black Hawk nuevo tendría un costo considerablemente mayor, también ha resaltado la potencia del UH-60 y su capacidad para operar en las condiciones de altitud del Estado de México.
La aeronave puede transportar personal táctico, realizar reconocimiento, participar en búsqueda y rescate, infiltración y extracción de elementos, además de combatir incendios mediante un helibalde con capacidad aproximada de 2 mil 500 litros.
Para septiembre la Secretaría de Seguridad había reportado 16 vuelos u operaciones desde su llegada, con acciones de reconocimiento, búsqueda de posibles campamentos, localización de objetivos y apoyo a despliegues en regiones del sur, oriente y nororiente de la entidad.
Su utilización ha sido relacionada con operativos en municipios y regiones como Malinalco, Tejupilco y Zumpahuacán, estas actividades permiten comenzar a evaluar la utilidad del aparato, pero no responden las dudas financieras y contractuales.
Una aeronave puede resultar operativamente útil y, al mismo tiempo, requerir una explicación completa sobre su adquisición.
Para cerrar la discusión serían necesarios el estudio de mercado, las cotizaciones consideradas, el dictamen técnico que justificó comprar ese aparato específico, el procedimiento de contratación, el contrato completo, factura, comprobantes de pago, pedimento de importación, avalúo, pólizas, garantías y obligaciones de mantenimiento.
También resulta necesario conocer qué incluyen las aproximadamente 500 horas de mantenimiento inicial anunciadas, qué empresa realizará esos trabajos y cuánto costará mantener en servicio durante los próximos años una aeronave fabricada en 1985.
Los hechos conocidos no demuestran por sí solos corrupción, desvío de recursos o sobreprecio, pero sí justifican exigir que cada peso de los 174 millones pueda rastrearse desde el presupuesto estatal hasta los proveedores e intermediarios participantes.
Por esa cantidad, los mexiquenses no solamente adquirieron capacidad aérea, también tienen derecho a conocer cuánto costó realmente el Black Hawk, quién recibió el dinero y qué explica la diferencia entre el valor de una aeronave usada de esta generación y el monto total pagado con recursos públicos.
