Por Mireya Álvarez
Con el objetivo de transformar la ética gubernamental en un mandato legal y no solo en una sugerencia, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Estado de México ha radicado una propuesta de reforma ante el Congreso local. La iniciativa pretende instaurar una metodología de integridad de cumplimiento forzoso para todo servidor público en la entidad.
Alberto Gándara Ruiz Esparza, presidente del CPC, explicó que el núcleo de esta propuesta es lograr un “cambio de chip” en la administración pública, y la meta es que los funcionarios desarrollen una autoconciencia de rectitud que garantice un comportamiento honesto desde el inicio de sus funciones.
Gándara Ruiz indicó que uno de los mayores obstáculos que enfrenta el actual combate a la corrupción es la naturaleza de sus resoluciones, por lo que admitió que, debido al marco legal federal, las recomendaciones del sistema anticorrupción “no tienen carácter vinculante”.
“El modelo nacional nos limita para cambiar esto unilateralmente, pero los entes públicos están obligados a responder formalmente si aceptan o rechazan las recomendaciones, justificando siempre su decisión”, aclaró.
Además de la metodología de integridad general, el organismo ciudadano presentó un paquete de reformas que abarca sectores críticos como el llevar a cabo una alianza con el Colegio de Notarios para fortalecer la transparencia y prevenir el lavado de dinero; reformar la Ley Orgánica Municipal para obligar a los 125 ayuntamientos a instaurar Comités de Control y Desempeño Institucional; los cuales no solo vigilarán posibles actos de corrupción, sino que supervisarán el cumplimiento de metas y normativas técnicas mediante un seguimiento anual.
Finalmente, el presidente del CPC subrayó que, si bien el Gobierno del Estado ha mostrado progresos, el ámbito municipal sigue siendo el eslabón más débil, por lo que urge elevar la creación de estos órganos de control al rango de “obligación legal”.
