La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca reactivar el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con Caja Libertad. Pablo Gómez, a cargo de la UIF, ha interpuesto un amparo directo contra la absolución de José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de la SOFOM, una decisión que también influyó en la cancelación del proceso contra el abogado Juan Collado.
El Quinto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ha admitido la demanda de Gómez y pronto será asignada a un magistrado para poder revisar y afirmar las estrategias del proyecto de sentencia, que posteriormente será sometido a votación.
El acuerdo publicado en listas menciona: “Se admite la demanda de amparo de que se trata, promovida por Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ofendida), contra los actos reclamados al citado Tribunal Colegiado de Apelación y otras autoridades, consistente en la sentencia definitiva de 28 de diciembre de 2023”.
Gómez busca revertir la sentencia emitida a finales del año pasado, donde el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México anuló la condena de 15 años con 6 meses de prisión y liberó a José Antonio Rico. Este tribunal concluyó que no se demostraron los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La resolución se basa en la premisa de que si la Fiscalía General de la República no pudo demostrar la ilegalidad del dinero involucrado, no podría existir el delito de lavado y, por ende, tampoco el de delincuencia organizada.
Esta sentencia de apelación no sólo resultó en la liberación de Rico del Reclusorio Norte, sino que también llevó a la cancelación del proceso contra Collado el 31 de enero pasado y contra José Antonio Vargas Hernández el 16 de febrero.
La FGR había acusado a Collado, Rico y Vargas de formar un grupo delictivo que aparentemente simuló la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro por 156 millones de pesos en una operación registrada el 25 de marzo de 2015. Vargas actuó como vendedor mediante un poder otorgado por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro.
Cabe recordar que Collado, quien estuvo recluido en un centro penitenciario por un lapso de cuatro años y dos meses, consiguió seguir su proceso en libertad. Para la toma de esta decisión, el juez consideró el delicado estado de salud del abogado, quien pudo salir de prisión para ser atendido en un hospital privado.
