* Proponen aprobar cambios si municipios no responden en 15 días……
Por Martha Romero
En el Estado de México avanza una propuesta que podría modificar de fondo la relación entre el Congreso local y los ayuntamientos, el diputado Maurilio Hernández González planteó establecer en la Constitución estatal un plazo de 15 días naturales para que los municipios se pronuncien sobre reformas constitucionales, de no hacerlo en ese periodo se aplicaría la figura de afirmativa ficta, es decir, se daría por aprobada la reforma sin necesidad de respuesta expresa.
La iniciativa fue presentada ante la LXII Legislatura mexiquense con el argumento de evitar retrasos en los procesos legislativos, según el legislador, actualmente es frecuente que los ayuntamientos no emitan posicionamiento dentro del tiempo previsto, lo que genera vacíos legales e incertidumbre en la validación de cambios constitucionales, por ello se propone que, una vez vencido el plazo, el Congreso o la Diputación Permanente pueda emitir directamente la declaratoria de validez.
El planteamiento no es completamente nuevo, ya que esta disposición existe en la Ley Orgánica Municipal, sin embargo, al tratarse de una norma secundaria, se busca elevarla a rango constitucional para darle mayor solidez jurídica, Hernández González sostuvo que una ley ordinaria no puede imponer obligaciones a los municipios si no deriva de un mandato equivalente en la Constitución, por lo que esta modificación pretende cerrar posibles controversias legales.
De acuerdo con el legislador, dentro de la jerarquía normativa de las entidades federativas, la Constitución local ocupa el nivel superior, por encima de leyes ordinarias, reglamentos y disposiciones administrativas, por lo que cualquier obligación dirigida a los ayuntamientos debe estar sustentada desde ese nivel, en ese sentido, la propuesta busca armonizar el marco jurídico y evitar interpretaciones que frenen la implementación de reformas.
No obstante, la iniciativa también abre el debate sobre el equilibrio entre eficiencia legislativa y autonomía municipal, ya que la afirmativa ficta podría traducirse en la validación automática de reformas sin un análisis real por parte de los cabildos, lo que plantea dudas sobre el papel de los municipios como contrapeso en el proceso constitucional, en un contexto donde la rapidez puede imponerse sobre la deliberación, la discusión de esta propuesta será clave para definir hasta dónde se privilegia la agilidad y hasta dónde se protege la participación efectiva de los gobiernos locales.
