* Finanzas reconoce presión de 22 mil millones de pesos y plantea reducirla a 7 mil 500 millones en 2027, sin explicar suficientemente cómo alcanzará esa meta ni qué consecuencias tendrá para los derechohabientes……
Por Edith Romero
La situación financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Mu nicipios (ISSEMYM) volvió a encender las alarmas, luego de que el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, reconociera una presión económica de 22 mil millones de pesos, una cifra que exhibe la magnitud de los desafíos que enfrenta el organismo encargado de proporcionar servicios médicos y garantizar las pensiones de miles de trabajadores y jubilados mexiquenses.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el funcionario aseguró que se pretende reducir dicha presión a 7 mil 500 millones de pesos durante el próximo año, sin que las explicaciones difundidas permitan conocer detalladamente los mecanismos financieros que harán posible semejante disminución.
La diferencia representa 14 mil 500 millones de pesos, equivalentes a una reducción cercana al 66 por ciento, un objetivo considerable que requiere mucho más que declaraciones optimistas, especialmente cuando están involucrados derechos laborales, atención médica y obligaciones pensionarias.
El problema no consiste únicamente en cuánto dinero necesita el ISSEMYM, sino en determinar por qué llegó a esta situación, qué compromisos integran la presión reconocida y cuáles serán las consecuencias si las medidas anunciadas no producen los resultados esperados.
Pensiones y servicios bajo presión
La falta de un desglose público suficientemente claro sobre los 22 mil millones de pesos impide distinguir cuánto corresponde a obligaciones pensionarias, necesidades operativas, compromisos de pago o eventuales insuficiencias presupuestales.
Esta incertidumbre resulta preocupante porque cualquier desequilibrio financiero puede repercutir en la capacidad institucional para adquirir medicamentos, mantener hospitales, contratar personal y cumplir oportunamente las prestaciones de los derechohabientes.
No obstante, la cifra reconocida no demuestra por sí misma que exista una suspensión inminente de pensiones o servicios, aunque sí justifica exigir garantías sobre su continuidad.
También resulta indispensable conocer las aportaciones pendientes de instituciones públicas, en caso de existir, así como la evolución de las reservas financieras, el comportamiento de las contribuciones y las proyecciones actuariales que permitan evaluar la sostenibilidad del sistema.
El Congreso mexiquense debe exigir información verificable, establecer mecanismos de seguimiento y evitar que las explicaciones presupuestales sustituyan una revisión profunda de las causas estructurales.
La administración estatal tampoco puede conformarse con anunciar una reducción financiera sin precisar sus fuentes de financiamiento, plazos y efectos sobre los servicios.
Porque detrás de los balances contables existen trabajadores que aportaron durante décadas y pensionados que dependen de sus prestaciones para subsistir.
El desafío del gobierno mexiquense será demostrar que el saneamiento financiero no terminará convirtiéndose en una política de austeridad aplicada a quienes necesitan atención médica y seguridad económica.
Reducir cifras puede mejorar los balances, pero solamente garantizar servicios y pensiones demostrará que verdaderamente se está rescatando al ISSEMYM.
