* Siete proyectos comprometen alrededor de 51 mil millones de pesos, mientras el gobierno estatal reconoce cláusulas desfavorables que dificultan su cancelación y mantienen pagos anuales cercanos a 6 mil millones……
Por Karina Rocha
La administración pública del Estado de México enfrenta una pesada herencia financiera que exhibe los riesgos de comprometer recursos durante años mediante contratos cuyas condiciones parecen favorecer más a las empresas que a las finanzas públicas, siete proyectos de infraestructura mantienen obligaciones contractuales por aproximadamente 51 mil millones de pesos, mientras el gobierno estatal destina cerca de 6 mil millones anuales a cubrir amortizaciones y servicios, una cantidad considerable frente a las necesidades de hospitales, carreteras, escuelas y servicios indispensables.
La dimensión del problema quedó expuesta durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, ante el Congreso me xiquense, donde reconoció que permanecen vigentes seis contratos de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y uno de Asocia-ción Público-Privada (APP), instrumentos que actualmente representan una importante presión presupuestal y cuya terminación anticipada podría ocasionar consecuencias económicas adicionales.
Lo verdaderamente preocupante no solamente radica en las cifras, sino en el reconocimiento oficial de que estos contratos contienen cláusulas claramente desfavorables para el Estado de México, una situación que obliga a cuestionar quién autorizó semejantes condiciones, qué intereses se privilegiaron y por qué se permitió comprometer recursos públicos mediante mecanismos que hoy resultan difíciles de modificar o cancelar.
Contratos que comprometen el presupuesto
De acuerdo con las cifras presentadas por Finanzas, al 30 de junio de 2026 existían aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos de inversión pendiente por amortizar, mientras los compromisos anuales alcanzaban alrededor de 6 mil mi-llones, incluyendo servicios y otros componentes contractuales.
La diferencia entre ambos conceptos exige una explicación detallada, porque aunque los pagos anuales no corresponden exclusivamente a capital pendiente, los mexiquenses tienen derecho a conocer cuánto se destina a recuperar inversiones, cuánto corresponde a mantenimiento, operación, financiamiento y utilidades empresariales.
También resulta indispensable iden tificar a las compañías beneficiarias, la duración original de cada contrato, sus modificaciones posteriores, las garantías otorgadas y las penalizaciones contempladas ante posibles incumplimientos.
Hasta ahora, las explicaciones conocidas no permiten evaluar individualmente si los servicios contratados justifican las contraprestaciones pactadas, ni establecer si existen mecanismos suficientemente rigurosos para verificar que las empresas cumplan las obligaciones adquiridas.
La gravedad del asunto aumenta cuando se considera que estos compromisos conviven con necesidades presupuestales urgentes, particularmente en infraestructura carretera, atención médica, mantenimiento de instalaciones públicas y servicios básicos que continúan generando reclamos ciudadanos.
No puede afirmarse que los recursos comprometidos en estos contratos sean automáticamente transferibles a otros programas, pero sí resulta legítimo cuestionar si una renegociación permitiría liberar capacidad financiera para atender prioridades sociales.
¿Quién responde por las cláusulas desfavorables?
Uno de los aspectos más delicados es la responsabilidad de quienes diseñaron, aprobaron y supervisaron estos instrumentos jurídicos, porque resulta insuficiente reconocer que existen condiciones perjudiciales sin explicar cómo fueron aceptadas y qué mecanismos institucionales fallaron para impedirlo.
El secretario de Finanzas informó que la Consejería Jurídica analiza alternativas para concluir escalonadamente los contratos y recuperar los activos correspondientes, además de mantener acercamientos con las empresas involucradas.
Sin embargo, todavía falta conocer cuánto costaría anticipar su terminación, cuáles serían las posibles indemnizaciones y qué consecuencias jurídicas enfrentaría el gobierno si decidiera cancelar unilateralmente alguno de los proyectos.
Tampoco debe confundirse la existencia de cláusulas desfavorables con la comprobación automática de actos de corrupción, pero esa circunstancia justifica una revisión independiente que determine si hubo negligencia administrativa, decisiones injustificadas o eventuales responsabilidades.
El Órgano Superior de Fiscaliza ción del Estado de México y las instancias competentes tendrían que examinar el desempeño financiero y contractual de cada proyecto, incluyendo sus modificaciones, pagos acumulados y beneficios efectivamente entregados.
Transparencia antes que nuevos compromisos
La administración de Delfina Gómez Álvarez anunció que no pretende contratar nuevos proyectos mediante estos esquemas, una decisión que reconoce implícitamente los riesgos financieros identificados, pero que no resuelve las obligaciones actualmente vigentes.
El desafío consiste en evitar que una eventual renegociación termine sustituyendo compromisos desventajosos por otros igualmente costosos, prolongando plazos o trasladando cargas adicionales a futuras administraciones.
El Congreso local tampoco puede limitarse a escuchar explicaciones, corresponde exigir información contractual completa, evaluaciones financieras y resultados verificables que permitan conocer el verdadero costo de estas decisiones.
Los 51 mil millones de pesos representan compromisos contractuales globales, no necesariamente una deuda líquida actualmente exigible, distinción indispensable para dimensionar correctamente el problema sin minimizar sus consecuencias.
Lo inadmisible sería mantener durante años obligaciones millonarias sin demostrar públicamente que los servicios recibidos corresponden al dinero comprometido.
Porque mientras el gobierno busca condiciones para renegociar, los ciudadanos continúan pagando impuestos y demandando resultados, y cuando el erario queda sujeto a contratos desfavorables, la pregunta fundamental deja de ser solamente cuánto se debe, para convertirse en quién permitió comprometer semejantes cantidades y quién asumirá la responsabilidad de corregirlo.
