* El diputado del PT, Isaac Josué Hernández plantea modificar el Código Penal y el Código Civil para fortalecer las sanciones contra las denuncias falsas y proteger a quienes sean afectados injustamente……
Por Mireya Álvarez
La iniciativa del diputado del Partido del Trabajo (PT), Isaac Josué Hernández Méndez plantea modificar el Código Penal y el Código Civil mexiquenses para que las acusaciones falsas tengan sanciones proporcionales al delito que se haya imputado, además de contemplar reparación del daño y mecanismos de actuación para el Ministerio Público y jueces de control.
Ante lo que considera una problemática que puede generar graves consecuencias jurídicas, sociales y personales para quienes son señalados injustamente, el legislador, anunció que presentará durante el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes realicen denuncias falsas en el Estado de México.
Hernández Méndez explicó que la propuesta, que ha venido trabajando desde hace varios meses, contempla modificaciones al Código Penal del Estado de México y al Código Civil, con el propósito de establecer un esquema de sanciones que guarde relación directa con la gravedad del delito que haya sido imputado falsamente.
La intención, dijo, es que una persona que acuse a otra de un delito grave y que posteriormente se determine que la imputación fue falsa enfrente una consecuencia proporcional al daño provocado.
“Si alguien se acusa de violación y no hay violación, entonces que la pena sea equiparable” a la correspondiente al delito que se imputó, planteó el diputado al explicar el principio sobre el cual pretende construir su iniciativa.
Además, el petista sostuvo que actualmente existe una figura relacionada con la denuncia falsa, pero consideró que no está generando las consecuencias necesarias para inhibir este tipo de conductas, por ello, su propuesta busca establecer un mecanismo más claro para determinar cuándo una acusación debe ser considerada falsa y qué autoridades tendrían que intervenir.
Aunado a ello, explicó que la propuesta se desarrollará en tres aspectos principales; las denuncias falsas relacionadas con la perspectiva de género; las acusaciones falsas realizadas por servidores públicos, especialmente aquellos vinculados con la procuración y administración de justicia; y las denuncias falsas cometidas, en general, por cualquier persona, incluyendo menores de edad.
En ese sentido, señaló que no debería bastar con que una investigación sea archivada o que una autoridad determine que no existen elementos suficientes para continuar un proceso. A su juicio, deben existir elementos que permitan establecer que quien denunció “mintió deliberadamente o formuló una acusación sin sustento con conocimiento de que los hechos no ocurrieron”.
La distinción resulta relevante porque, de acuerdo con el planteamiento del diputado, una investigación que no prospera no necesariamente significa que la denuncia haya sido falsa, por ello, la iniciativa deberá establecer los elementos necesarios para acreditar una conducta de este tipo.
Uno de los cambios más importantes que plantea Hernández Méndez consiste en modificar el procedimiento que actualmente se sigue cuando una denuncia no encuentra elementos suficientes para continuar.
La intención, sostuvo, es que la protección de los derechos no se convierta en un instrumento para afectar deliberadamente a otra persona mediante una acusación que carezca de sustento.
Uno de los puntos que mayor atención tendrá dentro de la iniciativa será el relacionado con las denuncias falsas realizadas bajo el argumento de una situación de género.
Isaac Hernández afirmó que los derechos conquistados por las mujeres deben ser respetados y respaldados, pero sostuvo que la perspectiva de género no puede utilizarse como mecanismo para realizar acusaciones falsas.
De igual manera, el congresista puso como ejemplo casos difundidos en redes sociales en los que una mujer amenaza con denunciar a un hombre por determinados delitos o conductas, aun cuando, de acuerdo con su planteamiento, los hechos no hayan ocurrido.
La propuesta, aclaró, no busca cuestionar los derechos de las mujeres ni los mecanismos creados para protegerlas, sino establecer límites para evitar que una condición de género sea utilizada para perjudicar deliberadamente a otra persona.
“Sí, derechos ganados de las mujeres y los respetamos y los apoyamos”, sostuvo, al señalar que su planteamiento busca que esos derechos no sean utilizados para presentar acusaciones falsas.
En este sentido, enfatizó que la iniciativa buscaría establecer responsabilidades cuando una denuncia sea deliberadamente falsa, independientemente de la condición de género de quien la presente.
El segundo eje de la propuesta estaría dirigido a los servidores públicos, particularmente aquellos relacionados con las instituciones encargadas de investigar delitos y administrar justicia.
El diputado consideró que cuando un funcionario utiliza su posición para acusar falsamente a un ciudadano, la sanción debe ser más severa debido a la responsabilidad que tiene frente a la sociedad.
De acuerdo con su planteamiento, no tendría la misma gravedad una acusación falsa realizada por un particular que aquella en la que interviene un servidor público encargado precisamente de garantizar la aplicación de la justicia.
“Ellos también deben ser sancionados severamente”, señaló, al considerar que los funcionarios responsables de procurar justicia deben actuar con especial responsabilidad.
El tercer componente de la iniciativa tendría un carácter general; donde, “cualquier persona que realice deliberadamente una imputación falsa podría ser sancionada”, independientemente de su sexo, condición social o edad, aunque en el caso de adolescentes se tendría que aplicar el régimen especializado correspondiente.
Hernández Méndez reconoció que no puede aplicarse a los menores de edad exactamente el mismo régimen de sanciones que corresponde a los adultos, debido a que existe un sistema especializado de justicia para adolescentes, sin embargo, consideró necesario analizar la posibilidad de que las denuncias falsas también sean contempladas dentro de ese sistema.
Por lo que, señaló que los adolescentes están sujetos a consecuencias jurídicas cuando cometen determinadas conductas consideradas delitos y planteó que debería estudiarse cómo incorporar también la denuncia falsa.
Particularmente, mencionó el caso de jóvenes de 16 o 17 años, al considerar que a esas edades existe un grado importante de conciencia respecto de las acciones que se realizan y de las consecuencias que pueden provocar.
No obstante, reconoció que este punto debe analizarse cuidadosamente para evitar que la propuesta sea interpretada como una medida de represión contra los jóvenes, la iniciativa tendría.
