* La iniciativa de la gobernadora plantea sustituir al extinto Infoem por un organismo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, denominado Transparencia Mexiquense……
Por Martha Romero
El Congreso del Estado de México analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir las nuevas leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
La propuesta contempla la creación de Transparencia Mexiquense, un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal, que asumiría diversas funciones relacionadas con la garantía de estos derechos.
El planteamiento deriva de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), luego de las reformas constitucionales estatales aprobadas en junio de 2025.
De acuerdo con la exposición de motivos, el nuevo esquema permitiría disminuir los gastos de operación que implicaba el Infoem, al trasladar sus funciones a autoridades ya constituidas y a un organismo con autonomía técnica y operativa.
El proyecto señala que Transparencia Mexiquense tendría una estructura más simplificada y aprovecharía los recursos materiales y humanos con los que ya cuenta la administración pública estatal.
La intención es concentrar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales bajo un nuevo modelo institucional que dé continuidad y fortalezca las funciones que desempeñaba el Infoem.
La propuesta destaca que, por su composición política y demográfica, el Estado de México se encuentra entre las entidades con mayor número de sujetos obligados, con 332, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cantidad que representa una alta responsabilidad institucional para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Asimismo, refiere que la entidad ocupa el sexto lugar nacional en solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, con mil 520 registros correspondientes a 2022, de acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2023.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tendría entre sus objetivos establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar este derecho, además de regular el funcionamiento del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México.
Dicho subsistema estaría integrado por diversas autoridades y tendría como propósito fortalecer la evaluación de la gestión pública, promover el acceso a la información, impulsar una cultura de transparencia y garantizar una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.
Operaría mediante un comité encabezado por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría estatal e integrado por representantes de las contralorías del Poder Legislativo y Judicial, así como de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
Además, cada sujeto obligado tendría que conformar un Comité de Transparencia integrado por un número impar de personas, con participación de la unidad de transparencia, el área coordinadora de archivos y el órgano interno de control.
En materia de protección de datos personales, la iniciativa establece las bases para regular el tratamiento de la información y garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos sencillos y expeditos.
La propuesta también busca promover una cultura de protección de datos personales, establecer medios de impugnación y fortalecer las medidas de seguridad para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información en posesión de los sujetos obligados.
Finalmente, señala que la iniciativa forma parte de un proceso de simplificación administrativa y racionalización de la estructura gubernamental, derivado de la reforma constitucional federal de diciembre de 2024 y de las leyes generales en materia de transparencia y protección de datos publicadas en marzo de 2025.
