* El diputado Octavio Martínez Vargas cuestionó la contratación de los funcionarios detenidos y pidió a las autoridades estatales y de procuración de justicia determinar si existe una red de corrupción al interior de la dependencia……
Por Martha Romero
El diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, calificó como grave la presunta existencia de una red de corrupción y extorsión al interior de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, luego de la detención de dos directores de la dependencia señalados por su probable participación en actos de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio de combustible.
Tras cuestionar quién o quiénes propusieron y contrataron a los servidores públicos actualmente señalados, consideró necesario revisar a fondo el proceso mediante el cual fueron incorporados a la administración estatal.
Por ello, hizo un llamado a la Contraloría estatal, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y al Tribunal de Justicia Administrativa estatal (TRIJAEM) para que investiguen los alcances de la presunta red y, en su caso, determinen las responsabilidades correspondientes.
Subrayó que es “muy grave” la presencia de una presumible red de corrupción y extorsión operando al interior de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que demandó que las investigaciones permitan identificar a todos los funcionarios que pudieran estar involucrados.
Resaltó que de acreditarse las acusaciones los responsables deben ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos, además de enfrentar las consecuencias penales que correspondan.
Enfatizó que este tipo de conductas serían contrarias a derecho y a los principios de la Cuarta Transformación, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza y transparencia.
Finalmente, pidió que las investigaciones no se limiten a los funcionarios detenidos, sino que permitan conocer si existe una estructura más amplia dentro de la dependencia, así como determinar quiénes participaron en su contratación, operación y posibles actos de extorsión.
De acuerdo con la FGJEM, Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” formarían parte de una red de servidores públicos, exfuncionarios y particulares que presuntamente exigían pagos ilegales a propietarios de verificentros para mantener sus operaciones.
Las investigaciones arrojaron que el esquema habría ido más allá del cobro de cuotas, pues los involucrados presuntamente utilizaban sus atribuciones para simular actos administrativos e intentar despojar a propietarios de sus concesiones y de la infraestructura de los establecimientos.
Las víctimas también habrían sido amenazadas con afectaciones a sus negocios e incluso con sufrir daños en caso de denunciar. Las cuotas por evitar el cierre y por la revalidación de autorizaciones habrían generado varias decenas de millones de pesos cada mes.
Las autoridades indicaron que los pagos presuntamente se realizaban en efectivo y eran entregados en un domicilio que ya fue identificado, por lo que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y la posible responsabilidad de otros servidores públicos, exfuncionarios y particulares.
