* La iniciativa pretende impedir que concesionarias cobren tarifas completas mientras los automovilistas enfrentan cierres de carriles, congestionamientos y retrasos prolongados por trabajos de mantenimiento y ampliación……
Por Martha Romero
Ante las constantes afectaciones que padecen miles de automovilistas en autopistas concesionadas del Estado de México, la diputada priista Leticia Mejía García presentó una iniciativa para suspender el cobro de peaje cuando las obras de construcción, ampliación o mantenimiento provoquen incrementos considerables en los tiempos de traslado, una propuesta que pone bajo cuestionamiento las obligaciones de las empresas concesionarias y la falta de mecanismos efectivos para proteger a quienes pagan por un servicio que no siempre reciben en condiciones adecuadas.
La legisladora propuso modificar el Código Adminis trativo estatal para impedir que las compañías continúen cobrando tarifas normales cuando los trabajos carreteros ocasionen congestionamientos prolongados, cierres parciales y severas complicaciones viales, particularmente cuando las afectaciones dejan de ser temporales y se convierten en problemas cotidianos para trabajadores, transportistas y familias que utilizan estas vías.
El planteamiento tiene como principal antecedente la autopista Toluca-Atlacomulco, donde los trabajos de modernización y ampliación han provocado durante aproximadamente tres años importantes retrasos en la circulación, mientras los usuarios continúan pagando por recorrer una carretera que debería representar una alternativa rápida frente a las vialidades convencionales.
Concesionarias cobran mientras usuarios pierden horas
La situación resulta especialmente preocupante porque recorrer los aproximadamente 53 kilómetros entre Toluca y Atlacomulco, trayecto que anteriormente podía realizarse en alrededor de 50 minutos, actualmente puede requerir más de tres horas debido a los cierres de carriles y las restricciones de circulación, circunstancias que representan pérdidas económicas, mayor consumo de combustible y afectaciones directas a las actividades productivas.
La propuesta también abre interrogantes sobre la supervisión gubernamental de las concesiones, los plazos autorizados para ejecutar las obras y las responsabilidades que deberían asumir las empresas cuando incumplen las condiciones esperadas del servicio, particularmente porque el mantenimiento carretero no debería convertirse en una carga económica adicional para los automovilistas.
Aunque la iniciativa todavía deberá discutirse en el Congreso mexiquense, el debate exhibe la necesidad de revisar los contratos, establecer criterios verificables para suspender los cobros y garantizar que las concesionarias no trasladen exclusivamente a los ciudadanos las consecuencias de sus intervenciones carreteras.


