Por Karina A. Rocha Priego
Hoy, queridos lectores, muchos se preguntarán, ¿cuántos alcaldes más, en todo el país, estarán en la misma situación que llevó a la muerte a Carlos Manzo?.
Un crimen atroz, lamentable, pero sobre todo, predecible y evitable, si los gobiernos, tanto estatal como Federal, hubieran actuado a tiempo.
Pero, ¡claro que no lo iban a hacer!, ello habría implicado reconocer que la inseguridad, la violencia, los grupos criminales y el narcotráfico siguen por encima de cualquier autoridad; son ellos quienes controlan a la autoridad y quien se sale del “libreto”, termina muerto.
El grito que nadie quiso escuchar
Carlos Manzo no pedía apoyo por debilidad política, lo hacía porque sabía que la silla municipal se había convertido en una trinchera: cada oficio enviado al gobierno estatal, cada solicitud al Gobierno Federal, no era protocolo, sino un grito de auxilio que nadie quiso escuchar.
En Michoacán, donde los límites entre autoridad y crimen se borran con la misma facilidad con la que cambian los mandos policiales, Manzo fue una anomalía: un alcalde que entendió que no se puede gobernar sobre ruinas sin levantar primero un muro contra la violencia.
Las razones detrás de su insistencia fueron tan evidentes como incómodas, pues en Uruapan -como en buena parte del estado- la administración municipal es apenas una fachada institucional sobre un territorio fracturado por intereses criminales, donde la seguridad pública no depende de los uniformes, sino de los acuerdos, y quien no pacta, estorba.
Y no sólo en Michoacán: el Estado de México va por el mismo camino con los municipios del sur sometidos al miedo y la impunidad.
Manzo no quería pactar, y ese fue su “error” (sic) en una tierra donde el poder se mide por la capacidad de sobrevivir, no por la de gobernar.
Desde el primer día entendió que no tenía con qué enfrentar a las organizaciones que controlan desde los precios del aguacate hasta la nómina municipal; las policías locales estaban infiltradas, los mandos estatales respondían más a conveniencias políticas que a urgencias de seguridad, y la presencia federal era intermitente, simbólica e insuficiente.
Lo que pedía no era escolta, sino Estado, y sólo recibía silencios, promesas y visitas fotográficas de funcionarios que llegaban con discursos vacíos y se iban antes de que cayera la noche.
Entre el abandono y la traición
Cada solicitud de apoyo fue una denuncia encubierta pues, al pedir refuerzos, Manzo exhibía la incapacidad del gobierno estatal para garantizar lo mínimo: la vida; cada carta o declaración dejaba constancia de que la violencia había rebasado a las instituciones locales, de que su municipio era rehén de intereses que el sistema político prefería no nombrar y, lo que el gobernador interpretó como insistencia, era desesperación.
Manzo sabía que su nombre figuraba en listas no oficiales, lo sabían sus escoltas, los empresarios, los reporteros que cubrían sus conferencias, y lo sabía él, que lo decía sin eufemismos: “no quiero ser de los ejecutados”, lo lamentable es que nadie tomó esa frase como advertencia, sino como anécdota. En Michoacán, las amenazas se volvieron paisaje y el miedo, rutina.
Su insistencia por conseguir apoyo federal tenía otro trasfondo: la desconfianza, en un entorno donde los gobiernos locales se sostienen sobre equilibrios frágiles con grupos armados, pedir ayuda al gobernador equivalía a exponer las complicidades que todos conocen, pero nadie admite.
Por eso buscaba directamente al Gobierno Federal, porque sabía que en el nivel estatal la protección se negocia y la información se filtra y fue precisamente, en esa búsqueda, donde quedó atrapado entre dos fuegos: el del abandono y el del crimen.
Las instituciones respondieron tarde, mal y de mala gana, sólo para “cumplir con los medios de comunicación” y sí, le dieron un esquema de protección burocrático, sin logística ni compromiso, incapaz de resguardar a una figura amenazada en un municipio tomado por el miedo y, en los hechos, lo dejaron solo con un puñado de policías municipales y un discurso valiente que terminó costándole la vida.
El fracaso del Estado
El caso de Manzo es el espejo más crudo del fracaso de la política de seguridad nacional; mientras el Gobierno Federal presume una estrategia basada en la “coordinación territorial”, en la práctica los municipios son los eslabones más débiles de esa cadena: carecen de armamento, inteligencia, presupuesto y respaldo político.
Cuando un alcalde pide ayuda, no lo hace por protocolo, lo hace porque ya está acorralado, y si ese llamado se ignora, el desenlace siempre es el mismo: muerte, renuncia o silencio.
Los gobernadores temen aceptar públicamente que un municipio está fuera de control, porque eso equivale a reconocer su propia impotencia, mientras el Gobierno Federal, acostumbrado a administrar la crisis con discursos, prefiere minimizar los focos rojos hasta que se convierten en tragedias mediáticas.
El asesinato de Manzo no fue una sorpresa: fue una crónica de abandono institucional, su muerte resume la distancia entre el poder real y el poder legal, entre los que gobiernan desde la seguridad de un despacho y los que lo hacen desde una ciudad sitiada y este, no fue sólo el ataque contra una persona, fue un mensaje contra cualquiera que pretenda ejercer autoridad sin someterse a los poderes fácticos que dominan amplias regiones del país.
El rostro de la hipocresía
Que Manzo haya tenido que pedir tantas veces ayuda y no la haya obtenido revela la hipocresía de un Estado que presume atender las causas del crimen mientras abandona a quienes intentan resistirlo; revela también la perversión de un sistema que convierte el valor en vulnerabilidad y, en Michoacán, ser un alcalde que no cede es casi una sentencia; el vacío que deja Manzo pesa más que las palabras, pues su historia es la de un funcionario que entendió demasiado pronto que la violencia no se combate con comunicados ni con abrazos, sino con presencia y decisión y su final, recordando que en México, pedir ayuda al Estado sigue siendo una manera de firmar la propia condena.
Carlos Manzo, como muchos otros servidores públicos asesinados, no tenía por qué perder la vida así; él no quería ser parte de la estadística criminal, pero el Estado lo llevó a eso; convertirse en morenista -no de corazón, sino de conveniencia- lo llevó a la muerte; Morena lo llevó a la muerte; el Gobierno Federal lo llevó a la muerte, y su gobernador lo llevó a la muerte.
Seguramente, Alfredo Ramírez Bedolla ya prepara, hipócrita e irresponsablemente, una serie de discursos para “honrar al alcalde caído”, mientras sigue sin una estrategia de seguridad que proteja a sus gobernados.
Ese es el verdadero poder, hoy por hoy, con Morena y la 4T: complicidad con el crimen organizado al más alto nivel y “discursos huecos” para honrar a quienes -por desacato- pierden la vida en el cumplimiento de su deber.
