* Denuncian que los camiones continúan ingresando al sitio, desde las 5 de la mañana, pese a sellos de PROPAEM y exigen un cierre real; también cuestionan el crecimiento desordenado de fraccionamientos y la falta de infraestructura municipal……
Por Mireya Álvarez
La simulación institucional y la voracidad inmobiliaria han encendido las alarmas en el Valle de Toluca, esto luego de que a pesar de los anuncios que circularon en redes sociales tras las movilizaciones del pasado 7 de agosto a la entrada de Calimaya, el pretendido “cierre” del relleno sanitario de San Antonio La Isla no es más que una pantalla informativa, toda vez, que, en los hechos, el tiradero continúa operando a marchas forzadas a la vista de vecinos y autoridades.
Y es que, de acuerdo con algunos medios locales, e incluso de los mismos vecinos, los sellos colocados por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) son mero ornamento, esto luego de que, la intervención ambiental correspondió a una “clausura parcial” motivada por anomalías operativas de la empresa Vigue, tales como la ausencia de personal de pepena y el exceso en la recepción de toneladas diarias de desperdicios.
La compañía cuenta con un plazo de 30 días para subsanar estas faltas, lo que significa que no existe un impedimento legal para detener el flujo de camiones recolectores, por lo que, día con día, las unidades entran y descargan toneladas de desechos procedentes de múltiples municipios, perpetuando los malos olores e ignorando la exigencia comunitaria de un cierre definitivo y real.
A esta crisis ambiental se suma el abandono de la “laguna” de aguas negras de la zona, ante la cual los habitantes exigen auditar el funcionamiento de la planta tratadora a cargo de la constructora Grupo Zero, responsable de desarrollos habitacionales y plazas comerciales en el municipio. Ante el descontento social, tanto la alcaldesa de San Antonio La Isla, Alejandra Castro Nava, como el edil de Calimaya, Omar Sánchez Velázquez, han optado por el silencio, pese a que el pasado lunes hubo una reunión tanto con los afectados, como con los delegados de cada municipio, así como de autoridades tanto estatales como federales.
El conflicto del relleno sanitario forma parte de un problema estructural más amplio; la “urbanización desmedida y sin planificación”, que ha caracterizado a las administraciones locales.
Habitantes de la zona denuncian que, lejos de frenar el deterioro ambiental e infraestructura insuficiente, se ha autorizado la construcción de un nuevo fraccionamiento en el Barrio de San Martín, en la zona de Las Palmas, este proyecto implicará la remoción de palmeras nativas, alterando el cauce natural de las aguas pluviales e incrementando el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.
“No estamos en contra del desarrollo, pero nos preguntamos; ¿a dónde van a parar los ingresos recaudados por licencias de construcción cuando las calles carecen de alumbrado, pavimentación y drenaje adecuado?”, cuestionan vecinos organizados.
Toda vez que existe una saturación de servicios, con redes de drenaje y alcantarillado rebasadas por la alta densidad poblacional; el colapso vial y seguridad con el actual incremento del tránsito vehicular y riesgo constante en vialidades locales, principalmente de la comunidad de San Andrés Ocotlán, quien sin duda en es uno de los mas afectados por esta situación, al ser ya solo un pueblo de paso; eso se le suma la persistencia de calles sin pavimentar, lodo y falta de alumbrado público en diversos barrios.
Frente a la inacción de los distintos órdenes de gobierno y administraciones partidistas, la ciudadanía exige el cierre real e inmediato del relleno sanitario por parte de la PROPAEM y la Secretaría de Medio Ambiente; auditoría urgente a las plantas tratadoras de aguas residuales y licencias de construcción otorgadas en el municipio; y una mesa de trabajo pública con los alcaldes para abordar el colapso de los servicios públicos y la infraestructura vial.
