Por Karina A. Rocha Priego
Hay que tener mucho valor, o demasiado cinismo político, para hablar de paz frente a un país donde todavía existen familias buscando desaparecidos, comerciantes pagando derecho de piso, transportistas amenazados, comunidades sometidas por grupos criminales y ciudadanos que organizan su vida cotidiana pensando primero en cómo regresar vivos a casa.
El Gobierno Federal presume reducciones en homicidios y presenta estadísticas para demostrar que su estrategia funciona, esos números deben reconocerse cuando efectivamente muestran avances, pero también deben colocarse frente a una realidad nacional mucho más compleja, porque disminuir un indicador no significa automáticamente haber pacificado un país.
México puede mejorar determinadas cifras y continuar padeciendo una gravísima crisis de seguridad.
La paz de las estadísticas
El problema comienza cuando desde el poder se pretende convertir una reducción estadística en una especie de certificado nacional de tranquilidad.
Una cosa es decir que disminuyó el promedio diario de homicidios y otra muy diferente sostener que México vive en condiciones de paz.
Pregúntenle al comerciante extorsionado, a las madres buscadoras, al transportista amenazado.
Pregúntenle a quienes viven en comunidades donde todos saben quiénes son los delincuentes, menos las autoridades encargadas de detenerlos.
Para ellos, las gráficas presentadas desde Palacio Nacional difícilmente alcanzan para describir la realidad.
La sombra del sexenio anterior
Y después aparece otro asunto que el oficialismo preferiría mantener permanentemente cerrado: los señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre personajes políticos y organizaciones criminales.
En el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador hay que ser precisos, pues han existido investigaciones periodísticas, testimonios y pesquisas relacionadas con presuntas aportaciones del narcotráfico a personas vinculadas con su campaña presidencial de 2006, pero hasta ahora eso no equivale a demostrar judicialmente que López Obrador recibió dinero, ordenó recibirlo o mantuvo personalmente acuerdos con organizaciones criminales.
Esa diferencia importa
Pero tampoco significa que las preguntas deban desaparecer, negar no sustituye investigar, precisamente porque las acusaciones son extremadamente graves, la respuesta democrática tendría que ser transparencia absoluta.
Si López Obrador nunca tuvo relación alguna con organizaciones criminales, que toda investigación disponible permita demostrarlo.
Si existieron personajes de su entorno que actuaron por cuenta propia, que se conozca quiénes fueron, qué hicieron y hasta dónde llegaron.
Lo que resulta insuficiente es convertir cualquier cuestionamiento en un ataque político y pretender que una negativa presidencial funciona automáticamente como sentencia absolutoria.
Un gobierno que presume honestidad debería ser el primero interesado en despejar cualquier sospecha, porque la confianza pública no se construye diciendo “eso es falso”.
El país que no cabe en la mañanera
Durante años se construyó una narrativa política basada en dividir prácticamente cualquier cuestionamiento entre buenos y malos, pueblo y adversarios, transformación y conservadurismo, pero el crimen organizado no entiende de discursos, entiende de territorio, dinero, armas, complicidades y miedo.
Y mientras los gobiernos discuten quién heredó el problema, quién redujo determinado porcentaje o quién tuvo mejores cifras, hay ciudadanos que continúan pagando las consecuencias y ese debería ser el centro de la discusión nacional. No defender gobiernos, defender mexicanos.
¿Con qué cara hablan de paz?
El Gobierno Federal tiene derecho a presumir cualquier reducción comprobable de homicidios, detenciones, decomisos o desmantelamiento de organizaciones criminales, pero los ciudadanos también tienen derecho a preguntar cuánto falta y, honestamente, falta muchísimo.
Mientras exista una madre recorriendo terrenos buscando a su hijo desaparecido, mientras un comerciante tenga que entregar parte de sus ganancias para que no incendien su negocio, mientras un agricultor necesite permiso de criminales para trabajar o mientras una familia abandone su comunidad por miedo, hablar triunfalmente de paz resulta, cuando menos, ofensivo.
Y respecto de López Obrador, la exigencia debería ser igualmente sencilla, ni condenarlo sin pruebas ni absolverlo mediante discursos.
Hay que investigar, transparentar, explicar.
Porque si verdaderamente nunca existió ningún vínculo entre el expresidente y el narcotráfico, una investigación exhaustiva debería fortalecer esa conclusión, no debilitarla y todo México, todos los mexicanos, necesitan menos declaraciones absolutas y muchas más respuestas, porque la paz no se decreta desde un micrófono.
La paz se demuestra cuando el ciudadano puede abrir su negocio sin pagar extorsión, conducir por una carretera sin miedo, denunciar sin temor a represalias y mandar a sus hijos a la calle con la certeza de que regresarán, cuando eso ocurra, entonces el Gobierno podrá hablar de paz.
Mientras tanto, la pregunta seguirá siendo inevitable: ¿De cuál México están hablando?.
La fortaleza de esta versión es que golpea directamente el discurso gubernamental, pero evita afirmar como probado algo que hasta ahora permanece en el terreno de las acusaciones e investigaciones.
La visa que incomoda al obradorismo
Y para cerrar con “broche de oro”, las acciones recientes realizadas por el gobierno de Estados Unidos: la cancelación de visa americana a los tres hijos del expresidente López Obrador.
Si bien es cierto que con ello, todavía “no se afirma ni se descarta” que los López Beltrán tengan cuentas por pagar al gobierno norteamericano, también lo es que Estados Unidos no ha revelado, aún, las razones específicas, y la cancelación de visas, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito.
Esta acción contra Andrés Manuel López Beltrán no prueba culpabilidad alguna, pero tampoco debería despacharse simplemente como “persecución política”, pues el problema para el obradorismo es que durante años convirtió la superioridad moral en bandera y ahora cualquier señal de desconfianza internacional inevitablemente genera preguntas.
Washington debe explicar, hasta donde la ley se lo permita, qué motivó la decisión; pero México también merece transparencia.
Hay que recordar que, defender la soberanía no significa otorgar inmunidad política ni cerrar filas automáticamente alrededor de los poderosos y, si no existe nada que ocultar, corresponde aclarar.
Porque cuando el poder responde con indignación antes que con explicaciones, las sospechas difícilmente desaparecen.
