* La diputada Jennifer González indicó que se impondrán hasta 10 años de cárcel al servidor público que niegue la justicia a mujeres en Edomex……
Por Martha Romero
Penas de hasta 10 años de prisión se impondrán a los servidores públicas del ámbito de procuración y administración de justicia que, estando obligadas a investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género, incurran en corrupción, omisiones, negligencias u obstrucción de la investigación o de la administración de justicia, en perjuicio del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Informó lo anterior la diputada Jennifer Nathalie González López, integrante de la bancada de Morena, autora de la iniciativa y quién añadió que las comisiones Para la Igualdad de Género, y de Procuración y Administración de Justicia también aprobaron establecer sanciones de 100 a 150 días multa y la destitución o inhabilitación del cargo que desempeñen las personas servidoras públicas referidas, según corresponda.
Recordó que la propuesta retoma modificaciones planteadas por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, para incorporar parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia del 25 de marzo de 2015 relacionada con el caso de su hija y el proceso judicial que inicialmente le negó justicia.
Mencionó que dicha sentencia permitió que, por primera vez en la historia de la justicia mexicana, un caso archivado y resuelto como suicidio se reabrierá para ser analizado con perspectiva de género, acreditando que se trató de un feminicidio y abriendo la posibilidad de acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño para la víctima y sus familiares.
Por ello, González López resaltó que a esta iniciativa también se le denomina “Mariana Lima Buendía”.
Resaltó que su propuesta reforma el Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mandata que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigue, con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio.
Subrayó que representa un paso firme para fortalecer las instituciones y dotarlas de herramientas contra la violencia hacia las mujeres, garantizando que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente, además de que exista responsabilidad y sanción para servidores públicos que incurran en corrupción, negligencia, obstrucción de investigaciones o alteración de pruebas.
Por último, precisó que la aprobación de la iniciativa “Mariana Lima Buendía” representa un paso firme en la protección de los derechos humanos, la integridad y la dignidad de las personas, particularmente de las mujeres víctimas, al establecer que todas las muertes violentas deben investigarse obligatoriamente con perspectiva de género y debida diligencia.
Cabe señalar que el Código Penal estatal vigente establece penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio y transfeminicidio, además de multas de 700 a 5 mil días, las cuales pueden incrementarse en una tercera parte por diversas agravantes.
