* La alcaldesa Yoselin Mendoza enfrenta dos procedimientos ante el Tribunal Electoral federal, mientras una funcionaria municipal también aparece entre los asuntos sometidos a revisión judicial……
Por Raúl Ruíz
El gobierno municipal de Nicolás Romero, encabezado por la alcaldesa Yoselin Nanyeli Mendoza Ramírez, volvió a colocarse en el escenario judicial electoral, luego de que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación incluyera dos expedientes promovidos por la presidenta municipal dentro de los asuntos programados para su sesión pública de este viernes 13 de noviembre, situación que evidencia la persistencia de controversias jurídicas relacionadas con decisiones previamente examinadas por el Tribunal Electoral del Estado de México.
Los procedimientos identificados como ST-JG-114/2026 y ST-JG-119/2026 corresponden a impugnaciones presentadas por Mendoza Ramírez contra determinaciones de la autoridad jurisdiccional mexiquense, mientras que un tercer expediente, ST-JG-111/2026, fue promovido por la directora de Administración del Ayuntamiento, circunstancia que coloca a distintas integrantes de la estructura municipal dentro de una misma jornada de revisión judicial, aunque no permite establecer que los tres asuntos tengan idéntico origen.
La sesión fue convocada para las 17:00 horas, con una agenda integrada por 26 expedientes relacionados con controversias electorales de distintas entidades, entre ellos los correspondientes a Nicolás Romero, cuyo análisis permitirá conocer los argumentos presentados por las autoridades municipales y determinar si las resoluciones previamente emitidas deben confirmarse, modificarse o revocarse.
La presencia de estos asuntos ante una instancia federal plantea la necesidad de esclarecer qué decisiones municipales originaron las controversias, cuáles fueron los derechos o disposiciones legales involucrados y qué obligaciones podrían derivarse para el Ayuntamiento, particularmente cuando los procedimientos judiciales exigen atención institucional y cumplimiento oportuno de las determinaciones correspondientes.
Hasta la información disponible sobre la convocatoria, no se acredita una nueva sanción contra la alcaldesa ni existe fundamento para interpretar la presentación de las impugnaciones como prueba de irregularidades, por lo que será indispensable conocer el contenido de las sentencias y sus efectos jurídicos antes de establecer responsabilidades.
El seguimiento de estos expedientes también permitirá evaluar la actuación administrativa del Ayuntamiento y conocer qué medidas deberán adoptarse para cumplir las resoluciones judiciales, en un contexto donde la transparencia institucional y el respeto a los derechos políticos constituyen obligaciones fundamentales de las autoridades municipales.
