* Las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contemplan multas, destitución e inhabilitación para quienes incurran en omisiones, negligencia, corrupción u obstrucción de investigaciones……
Por Martha Romero
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Penas de hasta 10 años de prisión enfrentarán las personas servidoras públicas encargadas de procurar y administrar justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencia u obstrucción de investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
La reforma aprobada por el Congreso del Estado de México establece sanciones de cuatro a 10 años de prisión, multas de 100 a 150 días, además de destitución o inhabilitación para desempeñar cargos públicos, cuando estas conductas afecten el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación del daño.
La diputada Jennifer Nathalie González López, autora de la iniciativa, explicó que las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia buscan fortalecer la actuación institucional frente a las muertes violentas de mujeres y niñas.
La reforma establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo protocolo de feminicidio, evitando que desde las primeras diligencias sean descartadas posibles razones de género.
El decreto retoma planteamientos de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, además incorpora criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia emitida en marzo de 2015.
La resolución permitió reabrir la investigación sobre la muerte de Mariana Lima y ordenó realizar diligencias con perspectiva de género para esclarecer las circunstancias del caso, convirtiéndose posteriormente en un precedente nacional para investigar las muertes violentas de mujeres.
La iniciativa aprobada fue denominada “Mariana Lima Buendía” como reconocimiento a la lucha emprendida por su familia y al trabajo de colectivos y personas defensoras que han exigido evitar investigaciones deficientes o interpretaciones aisladas.
La reforma busca no solamente aumentar las sanciones, sino impulsar un cambio administrativo y cultural en las instituciones de justicia, con el objetivo de impedir que las muertes violentas de mujeres sean minimizadas, clasificadas prematuramente o investigadas sin perspectiva de género.
Actualmente, el Código Penal mexiquense contempla penas de 40 a 70 años de prisión por los delitos de feminicidio y transfeminicidio, además de multas que pueden aumentar cuando existen circunstancias agravantes.
