* Morena minimiza el escándalo de Tenancingo y apuesta por contener el daño político antes que exigir responsabilidades……
* El coordinador de la bancada morenista en el Congreso Mexiquense resaltó que cada persona es dueña de sus actos y responsable de sus acciones……
Por Martha Romero
El caso de Tenancingo se ha convertido en una prueba de fuego para Morena y para el Congreso del Estado de México, lejos de asumir una postura firme frente a una investigación que involucra a una alcaldesa de sus propias filas por un presunto autosecuestro y un posible quebranto financiero de 40 millones de pesos, los principales liderazgos legislativos parecen empeñados en reducir la gravedad del asunto y desplazar la atención pública hacia cuestiones procedimentales que poco responden a la indignación ciudadana.
Las declaraciones del coordinador parlamentario de Morena, Fran cisco Vázquez Rodríguez, resultan reveladoras porque evidencian la estrategia política que se intenta construir alrededor del caso, una narrativa encaminada a separar la conducta de una militante de la responsabilidad política de un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar precisamente las prácticas que hoy vuelven a aparecer bajo sus propios gobiernos.
Decir que las acciones individuales no afectan al movimiento puede sonar conveniente desde el discurso partidista, pero resulta difícil de sostener cuando los hechos involucran a una presidenta municipal electa bajo las siglas de Morena, respaldada por la estructura política del partido y convertida en representante de los principios que supuestamente distinguen a la llamada Cuarta Transformación.
La investigación no gira en torno a una falta administrativa menor ni a un error burocrático, se trata de señalamientos relacionados con la presunta simulación de un secuestro que movilizó instituciones de seguridad, generó alarma social y derivó en cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, aun así, desde el Congreso mexiquense el mensaje parece orientado a disminuir el impacto político del escándalo.
Resulta llamativo que mientras Morena insiste en que nadie está por encima de la ley, sus principales operadores políticos se apresuren a recordar que los derechos partidistas de la alcaldesa podrían ser restituidos en cualquier momento si resulta absuelta, una postura que parece más preocupada por preservar espacios políticos que por exigir una rendición de cuentas inmediata y contundente.
Más preocupante aún es la negativa a discutir cualquier escenario relacionado con una eventual remoción del cargo, aunque jurídicamente existan procedimientos específicos y etapas obligatorias, la ciudadanía esperaba una actitud mucho más enérgica de quienes durante años construyeron su capital político denunciando la corrupción de gobiernos anteriores.
Lo que hoy observa la población es un Congreso que parece actuar como muro de contención para proteger a una figura vinculada a Morena, mientras se insiste en tecnicismos legales y procesos administrativos que terminan diluyendo la discusión de fondo.
La verdadera pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en Tenancingo, sino por qué el Congreso mexiquense parece más interesado en administrar el costo político del escándalo que en enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
Cuando un movimiento político promete no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, el mínimo esperado es que sus representantes reaccionen con firmeza ante cualquier señalamiento grave, sin embargo, en el caso Tenancingo la impresión que prevalece es exactamente la contraria, minimizar, contener y desviar la atención pública para evitar que el desgaste alcance a Morena en vísperas del proceso electoral de 2027.
