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Congreso Mexiquense aprueba nuevas leyes de Transparencia y crea Transparencia Mexiquense

* El nuevo modelo sustituirá al Infoem y trasladará las funciones de garantía de transparencia a un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría……

Por Martha Romero

El Congreso mexiquense aprobó la expedición de las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, con lo que se da paso a la creación de Transparencia Mexiquense.

La propuesta recibió 56 votos a favor de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 19 legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

El dictamen conjuntó las iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el diputado Gerardo Pliego Santana, como parte del proceso de sustitución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

La modificación deriva de las reformas constitucionales estatales aprobadas en junio de 2025, mediante las cuales se determinó un nuevo esquema institucional para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Contempla reformas a cinco ordenamientos estatales y establece como objetivos garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, fortalecer la transparencia y promover una mayor rendición de cuentas en la entidad.

Durante la discusión, el diputado Octavio Martínez Vargas, a nombre de Morena, sostuvo que las nuevas disposiciones no contemplan la pérdida o prescripción de derechos y afirmó que se mantienen las garantías reconocidas en la Constitución local en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

En contraste, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, cuestionó el nuevo modelo al señalar que, a más de un año de la desaparición del organismo autónomo de transparencia, no se han cumplido las expectativas de terminar con la corrupción, la opacidad y el gasto excesivo.

El coordinador del PRD, Omar Ortega Álvarez, señaló que, aunque el cambio institucional es inminente, su bancada mantendrá una postura crítica por considerar que las funciones de vigilancia del acceso a la información quedarán dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, afirmó que es posible modificar denominaciones y redistribuir facultades para generar ahorros, pero advirtió que el objetivo central de la reforma debe ser evitar cualquier debilitamiento de los derechos de los mexiquenses.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la nueva Ley de Transparencia establece los principios, bases y procedimientos para garantizar el acceso a la información pública en poder de autoridades y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, fideicomisos y fondos públicos.

También contempla como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal.

El nuevo esquema identifica a Transparencia Mexiquense como autoridad garante local, junto con la Contraloría Interna del Poder Judicial, la Contraloría del Poder Legislativo y los órganos internos de control o equivalentes de los organismos autónomos.

La legislación también contempla la creación del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, cuyo propósito será coordinar y evaluar las acciones relacionadas con la política pública de transparencia, así como fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas.

Respecto a la nueva Ley de Protección de Datos Personales, ésta establece las bases para regular el tratamiento de información personal en poder de autoridades, organismos de los tres poderes, órganos autónomos, fideicomisos, fondos públicos estatales y municipios, además de garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

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