* Tras el polémico viaje de Fernando Flores a El Salvador, la Legislatura mexiquense prepara candados estrictos para frenar el uso de recursos públicos en giras internacionales y exigir comparecencias……
Por Mireya Álvarez
La bancada mayoritaria en la Legislatura del Estado de México cerró filas para exigir un freno contundente al uso de recursos públicos en viajes al extranjero por parte de los presidentes municipales. La gota que derramó el vaso en el Poder Legislativo local fue el reciente viaje a El Salvador realizado por el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso judicial por un presunto abuso de autoridad.
Los diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) calificaron como una afrenta ética e institucional que ediles bajo la lupa de la justicia abandonen el país escudándose en la simple obligación de enviar un aviso previo, mientras enfrentan serias imputaciones penales y demandas sociales sin atender.
El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, lanzó una dura crítica por la salida del edil de Metepec, alertando que esta conducta abre la puerta a una eventual sustracción de la justicia, por lo que cuestionó fuertemente la temática del viaje, centrado en un taller de seguridad en El Salvador, “un país señalado por graves violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias”.
“El alcalde de Metepec ha dedicado más tiempo al turismo extranjero que a atender las demandas de su municipio. Que el juez de control analice minuciosamente esta situación, porque se le sujeta a proceso por indicios de responsabilidad y ahora sale del país; da la impresión de que busca evadir la ley. Además, acudir a formarse en un modelo que viola garantías individuales solo evidencia un pensamiento fascista donde prevalece el abuso de la fuerza”, declaró.
Martínez Vargas enfatizó que la autonomía municipal no es patente de “corzo” para el despilfarro ni para ignorar procesos penales, por lo que urgió a fiscalizar no solo los viáticos del presidente municipal, sino la comitiva de síndicos, regidores y directores que suelen acompañarle en estas giras.
Ante la laxitud del marco legal vigente, que permite a los ediles salir del territorio nacional con solo notificar a la Mesa Directiva, el Poder Legislativo prepara una serie de reformas para recuperar la facultad de autorizar o denegar los permisos de viaje.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Azucena Camacho Reynoso, confirmó la existencia de dos propuestas legislativas que buscan restringir las salidas al extranjero a un “máximo de dos por año” e imponer la obligación de realizar al menos dos audiencias ciudadanas mensuales.
“Esa es la idea, de hecho, se presentaron dos similares”, explicó Camacho Reynoso, quien señaló que ambas propuestas son consideradas prioritarias.
Ante las dudas sobre la legalidad del viaje al extranjero del presidente municipal de Metepec, la Camacho Reynoso precisó que el edil se encuentra en pleno cumplimiento de la ley al haber notificado oportunamente su traslado a la Legislatura.
Cuestionada sobre el impacto de su situación jurídica, la presidenta de la Mesa Directiva evitó emitir juicios de valor o posturas éticas respecto al viaje, y subrayó que, tras consultar el tema con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se optó por no emitir opiniones públicas para garantizar el debido proceso y no interferir en la investigación en curso.
Por su parte, el diputado Isaac Hernández Méndez (PT) anunció la presentación de una iniciativa para que todo alcalde deba someter su solicitud de viaje a la aprobación previa del Congreso y cuestionó el impacto real de estas giras para la ciudadanía.
“Antes, al menos pedían permiso y justificaban el viaje. Hoy simplemente avisan cuando ya se gastaron el dinero del pueblo. Un alcalde vinculado a proceso ni siquiera debería tener la posibilidad moral ni legal de salir del país. Vamos a proponer que el Congreso evalúe la pertinencia y el costo-beneficio de cada viaje antes de conceder cualquier autorización”, manifestó.
Aunque la ley actual no impide expresamente que un funcionario procesado viaje si no cuenta con una medida cautelar de prisión preventiva o arraigo, los legisladores coincidieron en que se trata de un tema de elemental responsabilidad institucional y ética pública.
Finalmente, enfatizó que la Legislatura del Estado de México se mantendrá a la espera del informe oficial que el edil de Metepec deberá rendir sobre los resultados de su viaje a El Salvador, advirtiendo que, de persistir las anomalías y el mal uso de la función pública, no se descarta discutir la inhabilitación para ejercer el cargo a todo servidor público sujeto a un proceso penal activo.
