* El registro oficial presenta una diferencia de 201 auditorías en febrero de 2026, lo que plantea interrogantes sobre la confiabilidad de la información y los mecanismos internos de revisión gubernamental……
Por Mireya Alvarez
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México, dependencia encargada de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos, exhibe una inconsistencia en sus propias estadísticas oficiales, al presentar una diferencia de 201 auditorías correspondientes a febrero de 2026, situación que pone bajo cuestionamiento los mecanismos de supervisión y validación de la información difundida por el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez.
De acuerdo con los registros institucionales, durante febrero se realizaron siete auditorías relacionadas con recursos estatales y una correspondiente a recursos federales, cifras que deberían sumar ocho procedimientos, sin embargo, el apartado de resultados señala un total de 209, cantidad que representa una diferencia inexplicada de 201 revisiones.
La irregularidad adquiere relevancia porque corresponde precisamente a la institución responsable de verificar que las dependencias públicas actúen bajo criterios de legalidad, eficiencia, honestidad y transparencia, principios que también deberían aplicarse rigurosamente en la elaboración y publicación de sus estadísticas.
Más aún, el número de 209 auditorías coincide exactamente con el registrado durante marzo, cuando efectivamente se reportaron 185 revisiones estatales y 24 federales, circunstancia que apunta hacia un posible error de captura o duplicación que, hasta ahora, aparece sin explicación en la información pública.
¿Quién vigila a quienes deben vigilar?
La Contraloría reporta que entre septiembre de 2023 y agosto de 2026 fueron realizadas 3 mil 551 auditorías, de las cuales 3 mil 171 corresponden a recursos estatales y 380 a federales, cantidades que aritméticamente coinciden con el total general presentado.
Sin embargo, la discrepancia detectada en febrero obliga a preguntar quién verifica los registros mensuales, qué controles existen antes de hacer públicas las cifras y por qué una diferencia tan evidente permanece dentro de un apartado destinado precisamente a ofrecer transparencia sobre la fiscalización gubernamental.
Aunque el hallazgo no demuestra desvío de recursos, falsificación de auditorías ni responsabilidades administrativas, sí exhibe una deficiencia documental que requiere aclaración, particularmente porque los ciudadanos necesitan información confiable para conocer cómo se revisa el ejercicio presupuestal.
El problema tampoco debería resolverse únicamente corrigiendo una casilla, pues resulta indispensable determinar el origen de la equivocación y comprobar que no existan inconsistencias adicionales.
La administración estatal sostiene que la transparencia constituye uno de sus compromisos fundamentales, pero ese principio exige información precisa, verificable y permanentemente actualizada.
La Contraloría debe explicar cómo supervisa las cuentas públicas cuando sus propias estadísticas presentan diferencias evidentes, porque la credibilidad institucional también depende de algo elemental: saber contar correctamente las auditorías que asegura haber realizado.
