* Investigación federal revela contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos y exige esclarecer posibles irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, mientras Amalia Pulido debe reforzar la vigilancia preventiva de las contrataciones del IEEM……
Por Karina Rocha
El escándalo de presunta corrupción que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) y que alcanzó a la administración de su expresidenta Guadalupe Taddei Zavala abrió un nuevo frente de investigación para el gobierno federal, luego de que este jueves 5 de noviembre la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, exhibiera una estructura empresarial que durante años obtuvo contratos millonarios para suministrar materiales electorales, mediante posibles mecanismos de simulación de competencia que obligan a esclarecer quiénes autorizaron las adjudicaciones, quiénes resultaron beneficiados y cómo pudieron mantenerse estas prácticas durante distintas administraciones.
La investigación presentada durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo identificó empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos contratos con organismos electorales estatales alcanzaron aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, una cifra que refleja la dimensión de los recursos públicos examinados y que exige algo más que declaraciones oficiales.
Federación debe llegar hasta las últimas consecuencias
El gobierno federal tiene ahora la responsabilidad de convertir las investigaciones en procedimientos jurídicos sólidos, porque exhibir nombres de empresarios, cantidades millonarias y posibles irregularidades resulta insuficiente si finalmente no se identifican responsabilidades administrativas o penales.
La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y las instancias competentes deberán establecer si existieron contratos simulados, sobreprecios, conflictos de interés, operaciones financieras irregulares o funcionarios que facilitaron el acceso privilegiado de determinadas compañías a los recursos destinados a organizar elecciones.
Particularmente delicado resulta el caso de Guadalupe Taddei Zavala, cuya salida de la Presidencia del INE ocurrió en medio de cuestionamientos sobre contrataciones y posibles irregularidades, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera informó del bloqueo preventivo de cuentas relacionadas con 25 personas y 15 empresas, una medida que no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.
El asunto tampoco puede reducirse a una sola administración, pues los antecedentes empresariales y contractuales examinados abarcan distintas gestiones del organismo electoral nacional y de institutos estatales, por lo que las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales sin convertir las sospechas en sentencias anticipadas.
Amalia Pulido, comprometida con la transparencia del IEEM
En el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), presidido por Amalia Pulido Gómez, debe mantenerse al margen de cualquier señalamiento injustificado derivado de un escándalo cuya investigación tiene como eje las redes empresariales y los posibles mecanismos de corrupción identificados por las autoridades federales.
La gestión de Amalia Pulido Gómez se ha distinguido por su insistencia en fortalecer la legalidad, los procedimientos institucionales y la transparencia electoral, una línea de trabajo orientada a evitar irregularidades, simulaciones y prácticas que puedan comprometer la confianza de los mexiquenses en su organismo electoral.
Sin embargo, precisamente para preservar ese esfuerzo institucional, sería conveniente que el IEEM iniciara una revisión preventiva y exhaustiva de sus contratos históricos y vigentes con proveedores de documentación y materiales electorales, particularmente aquellos relacionados con las empresas mencionadas en la investigación federal.
Dicha revisión no debe interpretarse como una sospecha contra la actual Presidencia del Instituto, sino como una medida de protección institucional para impedir que las irregularidades atribuidas a otros actores terminen afectando injustamente la imagen y el trabajo del organismo mexiquense.
Contratos históricos requieren transparencia
Entre los antecedentes expuestos por las autoridades federales figura una contratación realizada en el Estado de México durante 2005, por aproximadamente 63 millones 700 mil pesos, episodio que provocó una controversia institucional y la salida de siete consejeros electorales.
También se han reportado contrataciones posteriores con compañías relacionadas con los empresarios investigados, por lo que resulta pertinente revisar las condiciones de adjudicación, los procedimientos de competencia y los mecanismos de supervisión aplicados en cada periodo, sin presuponer que la existencia de contratos constituye una irregularidad.
Las empresas Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comerciali zadora JVLY y Corporativo ZEG figuran entre las señaladas en las investigaciones, debido a posibles relaciones empresariales y familiares que habrían permitido aparentar competencia en distintos procedimientos.
Corresponderá a las autoridades federales demostrar si existió simulación, establecer cuáles operaciones fueron irregulares y determinar quiénes participaron directamente en ellas.
Que el escándalo federal no alcance al IEEM
De cara a las elecciones de 2027, Amalia Pulido Gómez enfrenta la oportunidad de reforzar los mecanismos preventivos del Instituto y demostrar públicamente que sus adquisiciones responden a criterios de legalidad, competencia, transparencia y responsabilidad presupuestal.
La revisión de contratos, la identificación de beneficiarios finales y la publicación clara de los procedimientos permitirían fortalecer la confianza ciudadana y evitar que el IEEM sea involucrado injustamente en una controversia originada por prácticas empresariales investigadas a escala nacional.
El gobierno federal, por su parte, debe garantizar que las investigaciones no terminen convertidas en un espectáculo político ni en una confrontación entre administraciones, porque el verdadero problema consiste en determinar cómo se concentraron miles de millones de pesos en determinadas redes de proveedores y qué autoridades dejaron de actuar cuando correspondía.
La transparencia electoral no puede depender de discursos ni de responsabilidades trasladadas entre instituciones, se necesitan investigaciones concluyentes, sanciones cuando existan pruebas y mecanismos que impidan la repetición de prácticas ilegales.
El IEEM tiene la oportunidad de preservar su credibilidad mediante una revisión preventiva de sus adquisiciones, mientras la Federación tiene la obligación de esclarecer el escándalo que alcanzó al INE durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, porque lo verdaderamente grave sería que nuevamente se exhibieran millones de pesos bajo sospecha y, al final, nadie respondiera por las irregularidades que lleguen a comprobarse.
