* La iniciativa contempla nuevas medidas de seguridad para eventos públicos, así como responsabilidades compartidas entre organizadores y propietarios de inmuebles donde se almacenen estos materiales……
Por Martha Romero
Toluca, México.- Multas de hasta un millón 173 mil 100 pesos, suspensión de eventos y clausura de instalaciones contempla una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de México para sancionar incumplimientos de las medidas de seguridad relacionadas con el almacenamiento, traslado y manejo de artificios pirotécnicos durante celebraciones públicas.
El diputado Javier Cruz Jaramillo, de Morena, explicó que la propuesta busca fortalecer los controles de seguridad y garantizar la reparación integral de daños ocasionados por accidentes, sin prohibir las fiestas patronales, celebraciones religiosas y otras manifestaciones culturales.
La iniciativa establece que los organizadores deberán contar con programas específicos de seguridad que incluyan protocolos de manejo, almacenamiento, transporte, atención de emergencias y evacuación, además de delimitar zonas de riesgo, instalar señalización preventiva y designar responsables del manejo de materiales.
También propone prohibir el almacenamiento de pirotecnia en iglesias, escuelas, hospitales, mercados, edificios públicos, viviendas y otros inmuebles donde exista concentración de personas.
Multas, clausuras y reparación de daños
Las sanciones económicas propuestas van de 2 mil a 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a cantidades de entre 234 mil 620 pesos y un millón 173 mil 100 pesos, de acuerdo con los montos considerados en la iniciativa.
Asimismo, las autoridades municipales y la Secretaría General de Gobierno estatal podrían suspender celebraciones o clausurar instalaciones cuando detecten almacenamiento irregular, incumplimientos de seguridad o riesgos para asistentes y terceros.
En caso de accidentes, la reparación integral del daño contemplaría gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos, psicológicos, tratamientos especializados, rehabilitación, prótesis y servicios funerarios.
La responsabilidad también podría alcanzar a organizadores, encargados de manipular los artificios y propietarios o administradores de inmuebles utilizados para almacenar estos materiales.
Cruz Jaramillo precisó que también se revisarían las obligaciones de supervisión y vigilancia de las autoridades para determinar posibles responsabilidades por omisiones relacionadas con accidentes.
Finalmente, sostuvo que el propósito es preservar las tradiciones populares mediante reglas de seguridad más estrictas que protejan la vida, integridad física y patrimonio de la población mexiquense, evitando que celebraciones comunitarias terminen convirtiéndose en tragedias por negligencia, almacenamiento inadecuado o falta de vigilancia.
