La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció la ampliación de la lista de organizaciones narcoterroristas en el país, incluyendo a seis de los principales cárteles mexicanos: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Esta decisión fue comunicada durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad ubicada en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
La declaratoria también abarca a tres organizaciones colombianas: Las FARC, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El objetivo central de esta medida es fortalecer el marco jurídico costarricense para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y las redes de crimen organizado transnacional que operan en la región.
De acuerdo con la presidenta Fernández, la inclusión de estos grupos como narcoterroristas permitirá a las autoridades costarricenses congelar activos, interceptar operaciones financieras y aplicar penas más severas a quienes colaboren con estas redes.
“Marcamos un antes y un después de la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica”, afirmó la mandataria durante el acto oficial.
La clasificación de narcoterroristas otorga a las autoridades costarricenses nuevas herramientas legales para enfrentar a los cárteles mexicanos y sus colaboradores locales. Entre las principales consecuencias destacan:
Congelamiento inmediato de cuentas y activos vinculados a las organizaciones señaladas.
Facultad para interceptar comunicaciones y operaciones financieras sospechosas de estar relacionadas con el narcotráfico o el terrorismo.
Aplicación de penas agravadas para quienes sean encontrados colaborando, financiando o facilitando operaciones de estos grupos.
Cooperación internacional reforzada con países aliados, especialmente Estados Unidos, para el intercambio de información y la persecución de delitos transnacionales.
La medida busca frenar el avance de los cárteles mexicanos en Centroamérica, donde han incrementado su presencia en los últimos años, utilizando a Costa Rica como punto estratégico para el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
La lista de organizaciones narcoterroristas publicada por el gobierno de Costa Rica incluye a: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Estos grupos han sido identificados por su capacidad operativa, su presencia en la región y su participación en actividades de narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y violencia armada. Las autoridades costarricenses han detectado vínculos entre estas organizaciones y redes locales dedicadas al tráfico de drogas, así como la utilización del territorio nacional para el tránsito y almacenamiento de estupefacientes.
Además de los cárteles mexicanos, la declaratoria incluyó a tres grupos colombianos: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La decisión da continuidad a una política iniciada por la administración anterior, que ya había clasificado como terroristas a cuatro organizaciones de Medio Oriente: Guardia Revolucionaria Islámica (Irán), Hezbolá (Líbano), Hamás (Palestina) y Ansar Allah (Yemen).
